Política, mercado laboral y hogares desde una perspectiva de género

 

En el marco de las Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), el miércoles 7 de noviembre, se realizó la mesa de Análisis económico para la equidad: política, mercado laboral y hogares desde una perspectiva de género coordinada por la profesora Paola Azar, que tuvo por objetivo analizar política, mercado laboral y hogares desde una perspectiva de género para la equidad.

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La primera presentación estuvo a cargo de Marisa Bucheli, investigadora del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar) que presentó el trabajo que realizó con su colega Cecilia Olivieri sobre la diferencia de género en la carga impositiva del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Uruguay.

Marisa Bucheli explicó que originalmente “el gravamen se aplica sobre suma de ingresos individuales de la pareja, pero a partir de los años 90 se comienza promover que las declaraciones de impuestos se hagan de forma individual”, añadió que “el código tributario uruguayo no explicita diferencias de género pero la carga impositiva varía entre los distintos tipos de hogares”.

La investigación se basó en los datos de la Encuesta de Hogares Continua de Hogares de 2013 y clasificaron a la población en diferentes categorías de hogares, según su organización familiar y la situación laboral de sus miembros. La investigadora indicó que tuvieron que estimar el impuesto y se basaron en el supuesto de que todas las personas hacen declaración individual: “realizamos una clasificación de género basada en hogares extendidos y no extendidos y dentro de cada uno de esos grupos hicimos dos grupos de trabajadores y trabajadoras, que implica que alguno de los miembros del hogar trabaje, de y hogares de no trabajadores”, explicó Bucheli.

Según la clasificación de esta población, los casos más significativos: los hogares en los que ambos miembros de la pareja trabajan (30,7%), las parejas en las que el hombre trabaja (18,4%) y las parejas en las que la mujer trabaja (7,8%).

Las investigadoras de la Facultad de Ciencias Sociales concluyeron que “no existen diferencias de género explícitas, pero las brechas brutas indican una carga mayor en el núcleo familiar cuando ambos miembros de la pareja trabajan”, según explicó Bucheli.

“Cualitativamente podemos decir que esto se refuerza por dos aspectos no deseables que son la mayor tasa de informalidad laboral femenina, que beneficia la carga tributaria cuando ambos trabajan en la pareja y una alta participación de fuentes no gravables cuando es la mujer la que trabaja en el hogar”, indicó Bucheli. También explicó que “a su vez, se establece que la combinación del sistema dual del impuesto y la prevalencia de la declaración individual no parece desincentivar el trabajo femenino”.

El estudio toma como supuesto que la mayoría de los hogares hacen declaraciones individuales y la no realización de declaraciones familiares responde a “falta de información por parte de los hogares y también a la irreversibilidad relativa de la elección porque no es algo que se puede estar eligiendo año a año”, afirmó Bucheli. Según el estudio, sólo el 12% de los hogares se beneficiarían de la declaración familiar, y los datos de la Dirección General Impositiva establecen que sólo 2% de los hogares hacen esta declaración.

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Por su parte, Soledad Salvador del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo (Ciedur) presentó los resultados del estudio publicado por la Dirección de Planificación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) acerca de los escenarios prospectivos sobre sistemas de género, igualdad y su impacto en el desarrollo de cara al año 2050, que realizó junto a la investigadora Cecilia Alemany.

Salvador destacó que no se habían hecho estudios prospectivos en Uruguay anteriormente y que “el enfoque de este estudio fue prospectivo porque busca entender los futuros posibles para pensar mejor el presente y darle sentido al pasado y es participativo porque la metodología se basó en dos jornadas intensas de taller y buscó entender la desigualdad de género desde la interseccionalidad usando el análisis estructural”.

Salvador explicó que “el estudio que está realizando la OPP se basa en imaginar el 2050 con la idea de que se llegue a un mayor desarrollo con la igualdad de género y que es condición necesaria para la igualdad y la democracia”.

Para esto, en los talleres se buscó responder a dos preguntas principales: ¿Cuáles son los factores que frenan la igualdad de género y el desarrollo igualitario en Uruguay? y ¿cuáles son los factores que promueven la igualdad de género y el desarrollo igualitario en Uruguay?

Según señaló Salvador, se arribó a las conclusiones de que “se debe asumir la agenda de igualdad de género como una política de estado y generar un marco normativo integral y coordinado con igualdad de género”. También es imprescindible “fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos así como desarrollar instrumentos que garanticen la democracia paritaria”.

Para desarrollar un marco integral de políticas y así garantizar la autonomía económica de las mujeres, según el estudio se necesita: adecuar las normas y regulaciones para promover la igualdad en el acceso y control de los recursos económicos; promover conductas a favor de la igualdad en las empresas; facilitar el acceso a la infraestructura, la tecnología, el crédito y la comercialización; promover la corresponsabilidad en los cuidados; derribar los estereotipos de género así como garantizar la organización y voz a las mujeres y con respecto a lo fiscal, se propone otorgar beneficios o exoneraciones fiscales.

En cuanto al plano educativo, el estudio propone buscar la complementariedad entre la educación formal y no formal y así como formar en género a docentes e integrar en la currícula el enfoque de género en todos los niveles educativos. También se propone fomentar la participación y financiamiento de las organizaciones sociales que realizan actividades en pro de la igualdad de género para concebirlas integrando las políticas públicas hacia la igualdad.

Soledad Salvador explicó que “la forma en que se transite del escenario actual a los escenarios meta, es decir si se avanza en igualdad, es incierta”. Y añadió que ese tránsito depende de que “las políticas que se implementen, los marcos legales e institucionales que se instalen, se incentiven las prácticas del mercado y del trabajo, se fomente del cambio social igualitario y no estereotipado, los recursos que se movilicen y las alianzas entre el Estado, la sociedad civil, la academia, el sector privado, los medios de comunicación y la ciudadanía en su conjunto”.

“Pasar del dicho al hecho es tarea de la sociedad en su conjunto. Los logros en igualdad de género no serán reales sin un liderazgo fuerte del estado como garante del ejercicio de los derechos de las mujeres”, concluyó.

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El tercer informe que se presentó fue a cargo de Verónica Amarante, directora de oficina de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Montevideo y docente de FCEA, quien junto a Cecilia Rossel del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica, analizó cómo se toman las decisiones sobre las horas dedicadas al trabajo doméstico dentro de los hogares en cinco países de América Latina: Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. Amarante explicó que se basaron en encuestas de uso del tiempo disponibles en estos países y su objetivo era “explorar el vínculo entre el ingreso laboral propio y del cónyuge con el tiempo dedicado al trabajo doméstico por cada miembro de la pareja, así como también consideramos el rol de otras variables como la adscripción al mercado laboral, otros ingresos, la presencia de niños y la contratación de servicio doméstico”.

Verónica Amarante dijo que para realizar la investigación se basaron en el modelo de especialización y el de negociación, ambos predicen que una persona con ingresos laborales altos dedicará menos horas al trabajo doméstico, ya sea por ventajas comparativas o por la posición de negociación, respectivamente. Por lo tanto, “la evidencia en el plano econométrico muestra que, en promedio, el trabajo no remunerado es mucho más sensible a las características personales y de los hogares en el caso de las mujeres. Además, la distribución es desigual de horas de trabajo entre hombres y mujeres y no es producto de características observables diferentes, sino que es resultado de otros mecanismos más complejos”, señaló Amarante.

Según este estudio, el tiempo que las mujeres dedican al trabajo doméstico es tres veces mayor que dedican los hombres y decrece un poco cuando los dos miembros de la pareja trabajan.

También el trabajo remunerado se asocia con una caída significativa en el tiempo dedicado al trabajo doméstico. Para las mujeres la caída es mayor cuando son trabajadoras formales, mientras que para los hombres no hay grandes diferencias entre ser formal e informal.

La investigadora subrayó que “en relación con la inserción laboral de la pareja, si la mujer es trabajadora formal, se asocia con las horas dedicadas al trabajo doméstico de los hombres, mientras que para las mujeres no se detecta un patrón claro en relación con la inserción laboral formal o informal de su pareja”.

También el estudio indicó que la presencia de niños y niñas en los hogares implica “mayor dedicación al trabajo doméstico por los integrantes, tanto hombres como mujeres pero es tres veces mayor para las mujeres, especialmente cuando los niños son menores de tres años”, según explicó Amarante.

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Por último, Alma Espino de Ciedur presentó el trabajo en curso que está realizando junto a Norma Sanchís de la Asociación Lola Mora de Argentina sobre la participación laboral de las mujeres en América Latina y El Caribe: Desafíos persistentes y oportunidades de transformación. Espino explicó que “la idea subyacente de este estudio tiene que ver con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y la consigna de que ‘nadie quede atrás’. Para eso, nos propusimos conocer la participación laboral de las mujeres, lasrestricciones que enfrentan, según su estrato socioeconómico, para alcanzar una situación laboral que les permita lograr autonomía y empoderamiento económico”.

“El marco conceptual del que partimos es que las mujeres enfrentan una serie de restricciones de género que impiden procesos de empoderamiento: unas son las reglas, costumbres, creencias y valores que derivan del orden de género y gobiernan las relaciones sociales entre hombres y mujeres y las otras provienen de las instituciones que reproducen las desigualdades de género, como los Estados y los mercados laborales. Estas restricciones pueden tener mayor intensidad en las mujeres de menores ingresos”, explicó Espino.

En cuanto a la oferta laboral, el estudio indica que los cambios en el nivel de actividad económica no son suficientes para explicar la evolución de la oferta laboral femenina. “La brecha en las tasas de actividad de hombres y mujeres están fuertemente asociadas a restricciones de género, pero las brechas entre mujeres lo están también a las desigualdades socioeconómicas”, señaló Espino.

A su vez, “la sola decisión de ingresar al mercado de trabajo no asegura la inserción y las oportunidades de empleo que no se distribuyen por igual, ni entre géneros ni entre las mujeres” indicó la investigadora de Ciedur.

Con respecto a la educación, la investigación muestra que es un fuerte determinante de la participación laboral para las mujeres y disminuye las desigualdades sociales y de género, pero resulta todavía insuficiente: “porque las diferencias en este aspecto no se explican solamente por el capital humano acumulado, sino que son consistentes con los roles asignados socialmente: proveedoras y madres, esposas y cuidadoras”, dijo Espino.

Las que más aumentan su tasa de actividad son las mujeres en pareja, pero “esto no se cumple para las mujeres del primer tercil de ingresos de los hogares porque cuentan con menores ingresos, tienen carga del trabajo no remunerado en los hogares y tienen menores niveles educativos y la figura del hombre proveedor tiene un mayor peso que en las mujeres del tercer tercil de ingresos”, subrayó Espino.

La investigadora consideró que “el ingreso de mujeres de distintos estratos socioeconómicos al mercado laboral tiene distintas motivaciones y resultados y requiere distintos abordajes de políticas públicas. Muchas veces las políticas tienden a actuar sobre las mujeres de menores ingresos. Pero las mujeres del segundo tercil muchas veces se encuentran en en alguna clase de abandono de las políticas y es importante considerarlas para resolver la inequidad de género”.

Además, según Espino, el estudio plantea que existe un “conflicto entre maternidad temprana, la autonomía económica y el empoderamiento femenino por las diferencias observadas entre la tasa promedio femenina y la de las mujeres con hijos menores de seis años. Exactamente lo contrario a lo que ocurre con las tasas masculinas”.

Finalmente, las investigadoras concluyen que las categorías de ocupación en las que se insertan las mujeres están “fuertemente asociadas al estrato socioeconómico y a la socialización de género y por tanto la segmentación de los mercados laborales se retroalimenta con las desigualdades sociales y de género”.

A pesar de que se trata de una cuestión de derechos, es necesario “fomentar políticas relativamente modestas que incrementen la participación femenina en la fuerza laboral que puede tener efectos significativos sobre el crecimiento”, concluyó Espino.

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