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Todos los docentes del departamento están invitados a enviar contribuciones para este blog. Las mismas no deben superar las 1200 palabras. Quienes estén interesados pueden escribir a Pablo Marmissolle (Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. ).

23/12/2020: La Movilidad Intergeneracional de ingresos en Uruguay

--Martin Leites y Joan Vilá

En el mes de octubre de este año se realizó la presentación pública del cuaderno de Desarrollo Humano número 12.  Esta investigación se enmarcó dentro de una de las líneas de investigación del grupo de desigualdad y pobreza. A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados. Una versión completa está disponible en este enlace.

Introducción

Este cuaderno tiene como objetivo aportar evidencia sobre los niveles de movilidad económica intergeneracional en Uruguay, entendida como la relación (o dependencia) entre los ingresos de padres/madres y sus hijos. La novedad de este trabajo es que aporta evidencia sobre el grado de movilidad intergeneracional de ingresos formales a partir de una base de datos inédita, construida con registros administrativos del BPS (construcción de vínculos familiares) y registros administrativos de la DGI (ingresos formales entre 2009 y 2016).

A pesar de que los problemas distributivos han sido uno de los principales desafíos de las economías en desarrollo, no existen muchos antecedentes que hayan aportado una medición precisa de la movilidad intergeneracional de ingresos para los países de América Latina. En Uruguay, en particular, la mayoría de los trabajos que abordaron el tema se centraron en la dimensión educativa y ubicaron a este país con niveles de movilidad superiores a la media regional pero inferiores a los de los países más desarrollados (Sanromán, 2010; Gandelman y Robano, 2012; Urraburu, 2019). Araya (2018) estimó el grado de movilidad de ingresos laborales a partir de encuestas y situó a Uruguay en niveles comparables a los de Argentina y Chile.

La relevancia del estudio de la movilidad se sustenta en distintas razones. En primer lugar, la incorporación de una perspectiva dinámica y de largo plazo al análisis distributivo aporta nuevos elementos para comprender los orígenes de la desigualdad de ingresos. En segundo lugar, existen diversos enfoques que sostienen que la desigualdad y los problemas de baja movilidad podrían tener consecuencias directas en el bienestar y comportamiento individual, y potenciales efectos indirectos negativos sobre la economía en su conjunto, a través de distintos canales como la eficiencia, el crecimiento económico y la calidad de las instituciones (Alesina y Rodrik, 1994, Ray, 2002, Alesina y Giuliano, 2011; Laffont, 2005; Piketty, 2000). Sin embargo, otros autores plantean una relación más ambigua entre desigualdad y bienestar (Swift, 2005; Piketty, 2000).  En tercer lugar, la movilidad intergeneracional ha sido asociada con el enfoque de igualdad de oportunidades. En ciertas condiciones, el nivel de movilidad intergeneracional de una sociedad ofrece una medida sobre el grado de igualdad de oportunidades de que dispone una generación (Roemer, 2004). De acuerdo con este enfoque normativo, un bajo nivel de movilidad intergeneracional implicaría una fuerte determinación de los resultados basada en circunstancias que están fuera del control de las personas, lo que sería un resultado no deseable (éticamente injustificable) y, según este criterio, existirían fundamentos normativos para políticas públicas que buscaran corregir estas desigualdades.

Medición de la movilidad

Son pocos los estudios sobre movilidad intergeneracional, en particular para los países en desarrollo, fundamentalmente por los requisitos informacionales (exige contar con información sobre ingresos de dos generaciones en edad adulta). Los estudios recientes se basan en el uso de registros administrativos, lo cual ha permitido superar parte de las limitaciones de los trabajos basados en encuestas, por la calidad de la información de los ingresos individuales y el número de observaciones. Este estudio se basa en la información disponible sobre los ingresos formales para el período 2009 - 2016 (Registros de BPS y la DGI). Las estimaciones se concentran en familias que tienen miembros con un vínculo más estable con el sector formal de la economía, ofreciendo una muy buena aproximación de la movilidad en los tramos intermedios y altos de la distribución del ingreso.

Principales resultados

Se encuentra una asociación significativa entre la posición de padres e hijos (en el tramo 35 a 39 años) de aproximadamente 0,26. La persistencia es levemente mayor en el caso de los ingresos totales y entre hijos y padres del mismo sexo. Este promedio implica que más de un cuarto de la posición de los hijos es explicada por el ingreso de los padres. Esta dependencia se refleja en la siguiente figura, la cual ilustra la posición esperada del hijo, dada la posición de sus padres.

Gráfico 1. Posición esperada del hijo (panel A) e ingreso esperado del hijo (panel B) según posición del padre/madre

myj g1

Fuente: Elaboración propia en base a registros administrativos del BPS y de la DGI.

Este nivel promedio se explica por la mayor movilidad de las familias ubicadas en los estratos medios y medios bajos de la distribución del ingreso. En este tramo cambios relativamente pequeños de ingresos absolutos pueden traducirse en fuertes movimientos de posiciones. (Ver cuadro 1).

Cuadro 1. Matriz de transición de ingresos de hijos respecto al máximo ingreso de padres. Ingresos totales

Decil hijos/as

Decil padre/madre

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Top 5

Top 1

1

14,0

11,8

10,0

8,8

8,3

8,0

7,0

6,2

5,1

5,0

4,6

3,7

2

12,2

11,9

11,1

9,8

9,1

8,1

8,5

7,2

6,3

6,1

5,5

4,5

3

11,6

11,9

11,2

11,1

9,9

9,1

8,7

8,0

7,4

6,0

5,4

5,6

4

11,3

11,1

11,7

11,2

10,7

10,0

8,9

8,5

7,4

6,6

5,8

4,6

5

10,3

10,8

11,7

11,4

11,4

10,2

9,9

9,6

8,4

7,6

7,3

5,8

6

9,9

10,3

10,4

11,4

11,1

11,1

10,3

9,9

9,8

8,5

8,8

8,0

7

8,6

9,4

10,4

10,9

11,1

11,5

11,7

11,3

11,1

9,6

9,0

8,4

8

8,7

9,0

9,1

9,7

10,8

11,4

11,6

12,1

12,3

11,6

11,8

11,5

9

7,6

7,9

8,2

8,8

10,2

11,0

12,1

13,4

14,1

14,7

14,4

15,3

10

5,8

6,0

6,2

7,0

7,5

9,5

11,3

13,9

18,1

24,3

27,2

32,5

Top 5

2,4

2,7

2,6

3,1

3,4

4,2

5,3

7,0

9,4

14,8

17,0

22,2

Top 1

0,4

0,4

0,4

0,5

0,4

0,7

0,8

1,2

1,6

3,9

4,8

7,1

La movilidad es más baja en los extremos de la distribución del ingreso. Como ilustra el gráfico 2, es menor la chance de acceder al segmento de altos ingresos para los hijos de padres ubicados fuera de ese estrato, y existe una elevada inercia a mantenerse en estas posiciones entre aquellos con padres ubicados en la cola alta. Además, movimientos traducirían en mejoras más fuertes en términos de ingresos y de bienestar individual.

Gráfico 2. Movilidad ascendente: porcentaje de hijos que alcanzan el decil 10

myj g2

Fuente: Elaboración propia en base a registros administrativos del BPS y de la DGI.

En el otro extremo de la distribución, la movilidad es menor entre los hijos que tienen padres ubicados en el decil de ingresos más bajo, aunque la persistencia es inferior a la encontrada en la cola alta de la distribución. Finalmente, los hijos que tienen padres con un vínculo menos estable con el mercado formal presentan mayores chances de repetir este patrón y su participación en el mercado formal es más intermitente.

Desafíos a futuro

Los hallazgos de este cuaderno sugieren que las posibilidades futuras de los hijos están condicionadas por el ingreso de sus padres y que la intensidad de esta relación depende fuertemente del lugar que estos ocupen en la distribución del ingreso. Estos resultados podrían implicar la existencia de trampas de movilidad, y a la vez, explicitan la presencia de desigualdad de oportunidades. Las implicancias de esto en términos de bienestar agregado dependerán de cuales canales expliquen la movilidad, lo que a su vez determinará las recomendaciones de política pública. Aunque no es su principal objetivo, este cuaderno aporta algunos elementos a esta discusión.

La persistencia en los estratos de menores ingresos podría responder a privaciones que enfrentaron los niños en la primera infancia, la presencia de restricciones de acceso a activos básicos, la existencia de fallas de mercado y de mecanismos socioculturales. La mayor inercia en las familias de altos ingresos podría explicarse por canales específicos vinculados a la concentración de activos e ingresos de capital. Además, podría implicar la concentración de poder político y económico. Profundizar sobre la relevancia económica de los mecanismos que explican la movilidad es un insumo clave para el diseño de políticas públicas.

Los resultados de este cuaderno abren un conjunto de interrogantes de investigación sobre la movilidad intergeneracional en Uruguay, algunas de las cuales están siendo abordadas en el marco del plan de trabajo del grupo de desigualdad y pobreza del Instituto de Economía. Además, los resultados obtenidos en estas mediciones, redimensionan la relevancia de los problemas de la desigualdad en el contexto de Uruguay y ofrecen nuevos fundamentos para revitalizar la discusión sobre las políticas redistributivas. Las propuestas del último libro de Atkinson (2016) recogidas en este cuaderno ofrecen un punto de partida para avanzar en este sentido.

Referencias

Alesina, A., y Rodrik, D. (1994). Distributive Policies and Economic Growth. qje, 109, 465-490.

Alesina, A., y Giuliano, P. (2011). Preferences for redistribution. In Handbook of social economics, vol. 1, 93-131. North-Holland.

Araya, F. (2019). Evidencia sobre la movilidad intergeneracional de ingresos laborales para un país en desarrollo: el caso de Uruguay. El Trimestre Económico.

Gandelman, N., y Robano, V. (2012). Intergenerational Mobility, Middle Sectors and Entrepreneurship in Uruguay. Washington: Inter-American Development Bank. Department of Research and Chief Economist.

Laffont, J.-J. (2005). Regulation and Development. Cambridge: Cambridge University Press.

Piketty, T. (2000). Theories of persistent inequality and intergenerational mobility. En A. Atkinson y F. Bourguignon (eds.), Handbook of Income Distribution (1.ª ed.). Amsterdam: N. H.

Roemer, J. E. (2004). Equal opportunity and intergenerational mobility: going beyond intergenerational income transition matrices. En M. Corak. Generational income mobility in North America and Europe, pp. 48-57. Cambridge: Cambridge University Press.

Sanromán, G. (2010). Intergenerational Educational Mobility: evidence from three approaches for Brazil, Chile, Uruguay and the USA (1995-2006). Documento de trabajo N.º 01/10. Montevideo: Departamento de Economía, Udelar.

Swift, A. (2005). Justice, luck and the family. Unequal chances: Family background and economic success. En S. Bowles, H. Gintis y M. Osborne Groves (eds.). Unequal chances: Family background and economic success, pp. 256-276. Princeton: Princeton University Press.

Urraburu, J. (2019). Movilidad educativa y ocupacional intergeneracional en Uruguay. Tesis de maestría. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Montevideo. Mimeo.

18/12/2020: El desarrollo de la disciplina económica en Uruguay

--Verónica Amarante, Marisa Bucheli, María Inés Moraes, Mariella Torello

Recientemente ha resurgido entre investigadores de diversas disciplinas el interés por la historia de la Economía en el Uruguay. El conocimiento sobre cómo se ha desarrollado una cierta disciplina en el país, en este caso la Economía, nos ayuda a comprender cómo se van configurando y transformando los actores y corrientes de pensamiento dentro de ella, a visualizar la importancia que adquieren los distintos tópicos y cómo varía la agenda de investigación, cómo se relacionan los economistas uruguayos con los del resto del mundo, qué rol juegan las mujeres en las distintas etapas y también cómo se ven influidas las políticas públicas por todos estos aspectos. En este momento hay diversos trabajos de investigación en curso que abordan algunos de estos temas en relación con la disciplina económica en el Uruguay.[1] Se trata, por lo tanto, de un área de investigación muy rica y con muchas aristas. Un conjunto de investigadoras de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA) y de Facultad de Ciencias Sociales (FCS) estamos intentando abordarla, en el marco del Grupo de Estudios sobre la disciplina Economía. Las y los invitamos a consultar más información sobre este grupo de investigación. En los siguientes párrafos compartimos algunos de los avances de nuestro trabajo, esperando continuar haciéndolo en futuros artículos para este blog.

La revisión de fuentes locales primarias de información –de diversa calidad– así como de aportes previos sobre la temática (ver Garcé 2002, 2009a, 2009b, 2011), nos sugiere organizar la historia de la profesión en tres grandes etapas o períodos históricos. A lo largo de estos períodos analizamos tres dimensiones relevantes: la dimensión curricular, que hace al perfil académico de los economistas; la dimensión laboral, que refiere a los patrones de empleo predominantes en cada etapa, y el rol de los economistas en los debates públicos, que echa luz sobre su inserción en la sociedad local. Proponemos así una periodización a modo de hipótesis de trabajo, que pueda servir para identificar procesos y problemas relevantes en la historia de la Economía en el Uruguay.

El primer período o punto de partida, abarca desde 1954 a 1966: el inicio está marcado por el momento en que la Economía comienza a ser concebida, dentro del nuevo plan de estudios del momento, como una especialización dentro de la carrera de Contador Público de la Universidad de la República (UdelaR). Aunque la Economía existió en la universidad uruguaya desde el siglo XIX, los años entre 1954-1966 probablemente señalan el nacimiento de la profesión de economista tal como la concebimos hoy. Hasta 1966, solamente 23 de un total de 246 Contadores Públicos se especializaban en Economía –una cifra expresiva del carácter inicial de esta etapa en la historia de la profesión– y nada más que 4 de esos 23 eran mujeres (Cuadro 1). Con un Estado fuertemente intervencionista y en el auge de la planificación, los cuadros técnicos y específicamente los economistas eran requeridos en las agencias gubernamentales, aunque el tamaño del mercado de trabajo seguía siendo modesto. La experiencia, probablemente más resonante, referida a la relación entre los economistas uruguayos y el Estado tuvo lugar entre 1961 y 1967, cuando bajo la influencia técnica y programática de la CEPAL funcionó en Uruguay una comisión gubernamental encargada de proponer un plan decenal para el desarrollo del país, la famosa Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). La experiencia tuvo cierto carácter fundacional para la profesión y se estableció una suerte de consenso implícito respecto de que la misión de un economista consistía en estudiar los problemas del país para contribuir a resolverlos. Los economistas ingresaban a la arena del debate público con un rol relevante.

Cuadro 1. Tres períodos en el desarrollo de la profesión de economista

 

Un punto de partida

Disputas identitarias

La expansión y los economistas globales

Período

1954-1966

1967-1990

1991-2017

Número de graduados

23

397

2551

Número de graduados por año

4

17

69

Participación de las mujeres entre los graduados

17%

22%

49%

Fuentes: basado en registros de la Udelar y Anuarios Estadísticos del MEC

El segundo período, que abarca desde 1967 a 1990, se caracteriza por la presencia de lo que podríamos llamar disputas identitarias en la concepción del rol de los economistas. Se trata de un período extenso que comparte con la región la inestabilidad económica y la radicalización política, que alcanzaron a la práctica profesional de la economía: al comienzo del período, algunos economistas de izquierda se volcaron a una concepción de su actividad técnica como una actividad intrínseca y abiertamente política (Jung, 2018; Messina, 2018). Entre ellos, un grupo muy dinámico de economistas de la Universidad de la República, ubicado en el Instituto de Economía (IECON) de la FCEA fue la expresión local más importante de ese capítulo de la historia de la profesión, que tuvo su apogeo entre 1968 y 1973. En este año, el golpe de Estado instaló una dictadura militar que clausuró el ciclo de radicalización política, intervino la Universidad de la República y expulsó de la actividad académica a los docentes afines a la izquierda.

Hubo dos reformas curriculares (1977, 1980) que resultaron en una menor duración de la carrera, buscando desarrollar un perfil profesional de inspiración americana. A partir de la década de 1980 se estableció un flujo, numéricamente modesto, de economistas uruguayos que viajaban a formarse como doctores en Estados Unidos. Pero también centros privados de investigación relacionados a la red CLACSO empezaron a apoyar a jóvenes economistas uruguayos para que se incorporasen a programas de posgrado en diversos países de la región y europeos, de modo que la impronta americana no fue la única que conocieron los economistas uruguayos del período (Biglaiser, 2002).

Con el retorno de la democracia en 1985, emergió una creciente tensión entre dos visiones de la identidad profesional: quienes apoyaban la convergencia con unos estándares y prácticas profesionales crecientemente consensuados por las comunidades de economistas fundamentalmente anglosajonas y extendidos a cada vez más universidades, y quienes defendían la legitimidad y la pertinencia de criterios locales y eventualmente latinoamericanos, en la validación de las orientaciones, estilos y resultados del trabajo académico. Este clivaje no era el único: en el conflicto se expresaron también diferencias generacionales, ideológicas y políticas. La reforma curricular de 1990 expresa de algún modo una tensión no resuelta entre modelos formativos. El nuevo plan de estudios aumentó considerablemente la cantidad de materias, extendió a 5 años la formación de grado y su propuesta de perfil del egresado parecía conciliar componentes de los dos modelos en disputa: restituyó la enseñanza de disciplinas de las ciencias sociales, amplió la cantidad de materias disciplinares y fortaleció la formación matemática, estadística y econométrica.

La cantidad de egresados experimentó importantes fluctuaciones a lo largo de un período tan extenso, pero en conjunto mostró un crecimiento importante: durante todo el período egresó un promedio de 17 economistas por año. Aunque unas cuantas economistas uruguayas cumplieron carreras exitosas en este período, la profesión seguía siendo eminentemente masculina: egresaba una mujer cada 4 varones, y los cargos públicos más altos relacionados con la profesión estuvieron siempre ocupados por varones.

El tercer período, que abarca desde 1991 hasta la actualidad, se caracteriza por la expansión en la cantidad de egresados, y la consolidación de lo que Fourcade (2006) ha dado en llamar el modelo del “economista global”. En el plano académico, ese economista se caracteriza por la universalidad de su agenda, sus herramientas de análisis y sus criterios de validación de las prácticas profesionales, que, de alguna manera, intentan aproximarse a las herramientas y las prácticas de los departamentos de Economía de las universidades americanas, más allá de las heterogeneidades que sin duda prevalecen en los distintos modelos locales.

En este período hubo cambios muy relevantes en el plano curricular, que contribuyeron a la consolidación de ese modelo de economista global. A partir de 1995 las universidades privadas comenzaron a formar economistas, con programas de menor duración y más orientados por los criterios prevalecientes en las universidades americanas. En los últimos cinco años con información disponible, sus egresos representan 26% del total de egresos de economistas en el país.

En 2012, el plan de estudios de FCEA sufre una transformación de envergadura: estilizó el currículo, redujo la cantidad de años de estudio, y eliminó el requisito de elaboración de una monografía final. En este período hubo una explosión en la graduación, que supera el crecimiento experimentado por el total de egresados universitarios, así como el de los egresos de varias carreras (como las ingenierías).

Adicionalmente, durante todo el período se fueron desarrollando las ofertas de posgrado en el país, a partir del inicio en 1991 del programa de Maestría en Economía en la FCS, al que años más tarde se sumó el programa de Maestría en la FCEA y luego el de doctorado en la FCS, así como los programas de maestría en Economía de las universidades privadas, conformando un amplio abanico de oferta para el tamaño del país. Una novedad muy interesante es el incremento en la participación femenina entre los economistas graduados: las mujeres representan actualmente casi la mitad de los graduados en Economía en FCEA UdelaR (ver http://fcea.edu.uy/datos-estudios-disciplina-eco.html).[2]

El mercado de trabajo se diversificó y complejizó. En concordancia con la creciente visibilidad pública que a escala global ganó la Economía como campo del conocimiento, durante las últimas décadas surgió un abanico de perfiles profesionales diferenciados: los servicios gerenciales o de consultoría en el sector privado, los funcionarios y asesores en ministerios, agencias gubernamentales y organismos internacionales y los perfiles académicos especializados en la investigación y la educación superior. Como en todo el mundo, no sólo los periódicos, sino los medios en general recurren a economistas especializados para la comunicación y difusión de conceptos económicos para el público masivo.

En síntesis, la Economía tal como la reconocemos actualmente en Uruguay cobró forma al cabo de diversas transformaciones ocurridas desde los años de la postguerra hasta el presente. Lejos de ser el resultado de un proceso de evolución lineal, su configuración actual es el fruto de la interacción –diferente en cada etapa– de actores, instituciones e ideas, tanto locales como internacionales. La periodización presentada en este texto es apenas una imagen estilizada de ese proceso; los trabajos en curso seguramente enriquecerán y eventualmente contradirán esta cronología. Los estudios sobre la Economía en nuestro país tienen carácter inicial y constituyen un campo en desarrollo. La agenda está abierta y lejos de ser agotada.

 


[1] Están en marcha distintos estudios que serán publicados en un libro sobre los 70 años del Instituto de Economía. Lucas D´Avenia y María Eugenia Jung escriben sobre los inicios de la carrera de economista, Pablo Messina estudia el auge de la teoría de la dependencia entre los economistas uruguayos de los años 60, Gabriel Bucheli estudia la investigación en economía durante la dictadura y la apertura democrática, Mauricio Bruno analiza los cambios de la investigación en economía durante la década de 1990, Luis Cáceres se enfoca en la agenda de investigación económica de las últimas tres décadas, Adolfo Garcé estudia el papel de los economistas en el gobierno desde 1970 en adelante, Alma Espino y Paola Azar historian el papel de los temas de género en la enseñanza y la investigación en FCEA, Aldo Marchesi estudia la influencia de los economistas en la discusión pública.

[2]Un análisis más detallado de estos aspectos se está llevando a cabo en el marco del proyecto Mujeres y hombres en Economía: motivaciones y opiniones, financiado por CSIC (I+D).

11/12/2020. Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y los desafíos de largo plazo

--Pablo Marmissolle, Camilo Martínez

En este año tan singular es posible escuchar en diversos ámbitos que la creación y uso de conocimiento le ha permitido a Uruguay enfrentar la pandemia de Covid-19 con cierto éxito relativo.

No sabemos si esta experiencia va a permitir una relación más fluida entre las instituciones de educación superior e investigación y los gobiernos, donde exista mayor visibilidad del trabajo académico y, especialmente, mayor demanda de conocimientos desde las actividades de producción y gobierno, que interpele y retroalimente el conocimiento académico, en la búsqueda de soluciones a los problemas relevantes del desarrollo nacional. Sabemos que, para que eso sea posible, en Uruguay y en cualquier otro país del mundo, es necesario invertir de manera sostenida en la formación de capacidades y que los retornos de esa inversión son observables y significativos, pero no en el corto plazo.

Este argumento, que se desarrolla claramente en la propuesta presupuestal presentada por la UdelaR al Parlamento Nacional, animó las actividades realizadas en el ciclo de seminarios “Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y los desafíos de largo plazo”. Específicamente, desde el Instituto de Economía (IECON), del Departamento de Economía (DE) de la FCEA, propusimos una serie de actividades orientadas a difundir y discutir el aporte de la enseñanza superior, la investigación y la innovación al desarrollo nacional.

Desde nuestra área de conocimiento, seleccionamos cuatro ejes que refieren a diferentes desafíos estratégicos para el desarrollo de capacidades que contribuyan a resolver problemas críticos de nuestra sociedad, como ocurrió en esta pandemia. Con esa iniciativa, se convocó a colegas de diversas áreas a discutir e intercambiar con y en el medio sobre la contribución de la Universidad al desarrollo nacional.

Se expone, a continuación, un breve resumen de los cuatro seminarios realizados.

UdelaR en el interior. Procesos históricos, realidades y proyecciones.

El pasado viernes 30 de octubre, en la Sede de Tacuarembó del CENUR Noroeste, se llevó a cabo el primer seminario del ciclo “Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y los desafíos de largo plazo”. Esta primera mesa fue denominada “UdelaR en el interior. Procesos históricos, realidades y proyecciones” y contó con la organización de Amalia Stuhldreher del Instituto de Desarrollo Sostenible, Innovación e Inclusión de la sede de Tacuarembó.

La apertura de la mesa consistió en exposiciones realizadas por las autoridades de las organizaciones involucradas en la realización del evento. La primera intervención fue realizada por el Rector de la UdelaR, Prof. Rodrigo Arim, en la cual destacó el rol central de la Universidad como agente promotor de desarrollo nacional, siendo una herramienta esencial para cualquier estrategia de desarrollo y bienestar en el país. En segundo lugar, estuvo la intervención del Cr. Luis Ignacio Cuadrado, Subsecretario de Hacienda de la Intendencia de Tacuarembó; en su exposición destacó el rol activo de la Intendencia para la instalación de la UdelaR en el departamento, siendo un avance significativo en términos de bienestar y desarrollo para la región la instalación de la casa de estudio. El Decano de FCEA, Prof. Jorge Xavier, habló en tercer lugar, destacando en su intervención la importancia del conjunto de actividades del ciclo y de la reflexión del rol de la Universidad en el territorio, especialmente en la compleja situación actual de emergencia sanitaria. La Directora del CENUR Noreste, Dra. Isabel Barreto, realizó su intervención en cuarto lugar destacando la relevancia de llevar a cabo una actividad de este tipo en la Sede de Tacuarembó. En quinto lugar, el Ing. Agr. Gustavo Brito, Director Regional del INIA, realizó su intervención en base a la historia institucional del Campus Inter-institucional de Tacuarembó, siendo un esfuerzo de carácter colectivo que involucró recursos humanos y económicos de instituciones como la UdelaR, INIA y MGAP. Cerró la ronda el Director del IECON, Dr. Carlos Bianchi, quien destacó el compromiso y el impulso llevado a cabo por los colegas de la Sede de Tacuarembó.

La primera ponencia, “Trazos históricos del proceso de descentralización de la Universidad de la República en el Interior: ¿cómo llegamos hasta acá?”, estuvo a cargo de la Dra. Margarita Heinzen. En su exposición destacó el recorrido histórico de la UdelaR en el interior entre 1900 y 2010; a partir de siete dimensiones claves (actores sociales, función universitaria priorizada, radicación docente, institucionalidad local, contexto universitario, contexto nacional y distribución en el territorio), Heinzen identificó diferentes modelos de la UdelaR en el interior, impulsados en gran medida por colectivos sociales, por fuerzas endógenas de la Universidad y la aparición de coyunturas críticas que permitieron llevar a cabo el proceso de descentralización en el largo plazo.

La Dra. Estela Delgado fue la responsable de la segunda intervención, denominada “La construcción de conocimiento con otros actores: experiencias desde la Maestría de Manejo Costero Integrado”. Su exposición se concentró en contar la experiencia de la Maestría dictada actualmente en el CENUR Este, ofrecida desde 2007 en Montevideo y, actualmente, en su sexta edición. Luego de destacar que el Manejo Costero Integral consiste en un enfoque de carácter interdisciplinario basado en participación de múltiples actores de la sociedad, Delgado presentó diferentes ejemplos llevados a cabo en el marco de la Maestría como experiencia de construcción de conocimiento con diferentes actores.

El tercer expositor, bajo el título “SARS – CoV 2: el Interior y sus aportes”, estuvo a cargo del Dr. Rodney Colina. Su ponencia tuvo como objetivo destacar el rol de la UdelaR en la pandemia. Luego de una exposición de carácter teórica e ilustrativa sobre la historia de la virología, se centró en destacar las diferentes etapas y medidas llevadas a cabo en Uruguay para el tratamiento de la epidemia del SARS – CoV 2. Colina resaltó la velocidad de la acción llevada a cabo por la UdelaR desde el 13 de marzo en un contexto de gran incertidumbre.

La última intervención, titulada “Proyección de desarrollo a futuro: oportunidades y retos de la descentralización universitaria desde la perspectiva de la juventud”, estuvo a cargo de la egresada de la Tecnicatura en Desarrollo Carla Méndez. En su presentación, Méndez destaco que (i) existe una tensión entre la oferta educativa y la demanda por parte del territorio de algunas carreras específicas; (ii) hay dificultades en la difusión y falta de información para los estudiantes de bachillerato que tienen intenciones de continuar estudiando; (iii) la descentralización es percibida como un proceso valioso, especialmente para continuar estudiando en el lugar donde el estudiante es oriundo; (iv) hay una relación compleja entre los sistemas educativos medios y terciarios por medio del desconocimiento y falta de información en el interior del país; y (v) existen procesos incipientes para la mayor creación de masa crítica estudiantil y docente, para lo cual es necesario fortalecer las actividades de co-gobierno.

Retención y atracción de personas altamente calificadas. Su rol en el desarrollo económica social del país

La segunda mesa, “Retención y atracción de personas altamente calificadas. Su rol en el desarrollo económico social del país”, fue organizada por Luciana Méndez y moderada por Maira Colacce, ambas integrantes del Instituto de Economía. Luego de una breve presentación a cargo de la moderadora, la primera intervención fue realizada por el Director del IECON, Dr. Carlos Bianchi, quien destacó la relevancia del ciclo de actividades y, puntualmente sobre la segunda actividad, resaltó la importancia de promover desde la Universidad de la República la reflexión y el debate sobre la generación y la aplicación del conocimiento científico en diferentes áreas centrales para los procesos de desarrollo nacional.

Luciana Méndez realizó un recorrido histórico desde 1958 hasta la actualidad, destacando las medidas adoptadas en Uruguay para la formación y el retorno de personas altamente calificadas, sin embargo, destacó que si bien existe un número relevante de acciones, el esfuerzo realizado por el país en materia de innovación y desarrollo sigue siendo comparativamente inferior con respecto a otros países y, además, esta inversión se realiza esencialmente por el sector público, que concentra el mayor porcentaje de investigadores altamente calificados del país.

La primera ponencia del seminario estuvo a cargo de la Dra. Estela Castillo, Sub-Directora del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (PEDECIBA), bajo el título “Importancia del retorno de científicos desde el exterior y la experiencia del PEDECIBA”. Su presentación giró en torno a las siguientes cuatro preguntas vinculadas al desarrollo histórico del Programa: ¿Qué es? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué se propone hacer? Castillo destacó que el PEDECIBA, programa de formación e investigación conjunto entre el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y la Universidad de la República, que atraviesa transversalmente a la comunidad científica uruguaya que cuenta con investigadores, docentes y estudiantes.

La segunda ponente fue la Dra. Adriana Fernández Álvarez, colaboradora académica de la Comisión Académica de Posgrado, siendo el título de su presentación “Becas de la Comisión Académica de Posgrado: modalidades, postulaciones y beneficiarios”. La presentación de Fernández inició con una breve introducción sobre el interés en la UdelaR por las actividades de posgrados: la importancia de la formación de posgrados se planteó desde el año 2001, por medio de la aprobación del Consejo Directivo Central de la Ordenanza de Carreras de Posgrados. Un aspecto relevante de la Ordenanza se encuentra en el artículo tercero, que crea la Comisión Académica de Posgrado (CAP), estableciendo su integración, mecanismos de renovación y sus cometidos. A partir de allí, comenzó un conjunto de planteos orientados al crecimiento sostenido de las ofertas educativas de posgrado en el marco de la UdelaR, siendo articulados, asesorados e impulsados por la CAP, teniendo como resultado tres categorías de formación: especializaciones, maestrías y doctorados. Actualmente, la oferta educativa de posgrados de la UdelaR supera las 300, distribuidas en un 60% en especializaciones, un 30% a las maestrías y un 10% a los doctorados.

La tercera presentación, titulada “Innovación y capacidades humanas en Uruguay: oportunidades y desafíos para el desarrollo” estuvo a cargo de la Dra. Natalia Graf. Graf comenzó destacando los principales aspectos teóricos que destacan la vinculación entre la innovación, el conocimiento y los procesos de desarrollo económicos y sociales que atraviesan las diferentes regiones, especialmente los países altamente industrializados. En este sentido, Graf señaló que los procesos de aprendizaje son la base de los mecanismos de innovación debido a que se aprende creando capacidades y, especialmente, utilizando esas capacidades para la resolución de problemas nacionales en el ámbito social y productivo. Los mecanismos de aprendizaje son diversos, incluyen la educación formal, la generación de conocimiento científico, el aprendizaje en base a la experiencia y aprendizaje por medio de la utilización del conocimiento. En concreto, como señalan diferentes autores, los aprendizajes están asociados a espacios y oportunidades diferenciales para aprender.

La última presentación de la mesa estuvo a cargo del Dr. Sebastián Torres titulada “Experiencias internacionales exitosas de retención/atracción de personas altamente calificadas”. La presentación de Torres abordó dos temáticas: la primera sobre los principales resultados de un trabajo realizado junto a Cristen Dávalos y Cecilia Plottier titulado “Fuga de Cerebros: El caso uruguayo” y, en una segunda instancia, destacó las principales características de una experiencia internacional donde el presentador colaboró y trabajó, centrada en la retención y atracción de personas altamente calificadas; es el caso del proyecto Prometeo, de Ecuador, que ofrece una mirada regional que puede enriquecer a la reflexión y discusión sobre la situación de Uruguay.

El cierre de la mesa estuvo a cargo del Rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. En su intervención se detuvo en destacar diferentes aspectos mencionados en las presentaciones de los expositores que hacen a la coyuntura política actual y la perspectiva a futuro tanto de la UdelaR como de la sociedad uruguaya en general. Parte de la rápida respuesta de la UdelaR ante la emergencia sanitaria obedece a decisiones previas, decisiones relevantes desde el punto de vista de la acumulación institucional, como el programa de régimen de dedicación total, que actualmente cuenta con 1.408 docentes (la mayoría jóvenes y en todas las áreas del conocimiento). Otro de los ejemplos se encuentra en la última década con el proceso de descentralización universitaria, en clave de desarrollo local y nacional sin precedentes para el país, combinando también la radicación y la dedicación total de los docentes protagonistas de la descentralización en el interior del país (en el entorno de los 200 docentes en régimen de dedicación total en el interior). Ambos procesos corresponden a infraestructura académica, diversa y distribuida en el territorio, siendo recursos de muy alta calidad que componen la estructura de la UdelaR. En último lugar, Arim destacó algunos riesgos futuros que Uruguay enfrentará si no invierte en la formación e inserción de los jóvenes investigadores (tanto en su formato de inserción en la educación superior, de generación de conocimiento, como su participación en tareas de investigación), lo que puede comprometer las capacidades nacionales para enfrentar los obstáculos y dificultades del desarrollo en general. El impulso de las nuevas agendas de investigación, el estudio de nuevos problemas, la utilización de nuevas metodologías, la elaboración de nuevas preguntas, la asunción de nuevos riesgos, etc., son generalmente procesos que llevan a cabo las generaciones jóvenes; que el Uruguay deje de invertir en esta área y asuma que parte del ajuste fiscal es no incorporar masa crítica a la vida universitaria en general, implica comprometer recursos y capacidades en el largo plazo. Finalmente, el Rector destacó que bajo la actual coyuntura de una asignación presupuestaria con nulo crecimiento, en la Universidad se procesarán decisiones de hierro que influiránn en la acumulación de capacidades del país; este es el caso del sistema de becas, tanto de grado como de posgrados y post-doctorados que, bajo la actual asignación presupuestaria, requieren decisiones complejas para su mantenimiento.

El acceso a la educación como ventana de oportunidad

El pasado miércoles 18 de noviembre, a través del canal oficial de YouTube de la Universidad de la República, se llevó a cabo el tercer seminario del ciclo “Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y los desafíos de largo plazo”. El título de la actividad fue “El acceso a la educación como ventana de oportunidad” y contó con la organización y la moderación de la Dra. Alina Machado, integrante del IECON. La apertura de la mesa estuvo a cargo del Director del Instituto, Prof. Carlos Bianchi.

La primera exposición, a cargo del Dr. Alejandro Maiche, se tituló “Qué nos dice la cognición sobre las trayectorias académicas futuras”; en ella Maiche destacó las características centrales del Centro Interdisciplinario en Cognición para la Enseñanza y el Aprendizaje, uno de los tres centros activos que tiene la UdelaR en el Espacio Interdisciplinario. El eje central de la presentación del Dr. Maiche se desarrolló bajo una de las líneas de investigación que el Centro lleva a cabo, como es el caso del Desarrollo Cognitivo. Esta línea de trabajo busca comprender los procesos cognitivos implicados en la adquisición de la información en edades tempranas; si bien cuenta con cuatro líneas de trabajo, el autor hizo particular hincapié en un proyecto sobre la relación entre las habilidades numéricas y las trayectorias escolares. En el marco de este proyecto iniciado en 2013, se ha investigado acerca del sistema numérico aproximado, el cual estudia la capacidad de los seres humanos de identificar las figuras que presentan mayor cantidad de elementos (incluye también la estimación de elementos), siendo un recurso relevante para incentivar la utilización de las herramientas matemáticas. Conjuntamente al Plan Ceibal, con la incorporación de las tablets al sistema educativo, el Centro realizó una intervención en 800 niños de escuela para estimular la utilización del sistema numérico aproximado y observar su relación con el rendimiento matemático de los estudiantes.

La segunda presentación estuvo a cargo del Dr. Gonzalo Zunino, quien expuso sobre “Cambio tecnológico y requisitos del mercado laboral”. En primer lugar, Zunino destacó que en la literatura económica son bien documentados los efectos de la educación a la hora de mejorar la inserción laboral de los trabajadores. Más y mejor educación implica mejores salarios, además de menor probabilidad de encontrarse en situación de desempleo; más educación implica mayor formalidad y menor duración del desempleo. Otros aspectos destacados por Zunino fueron las diferentes concepciones sobre el cambio tecnológico; en este sentido, mencionó las principales características de la cuarta revolución industrial como son los procesos de robotización y automatización, fenómenos asociados a la dinámica del mercado laboral que impactan sobre la disminución de empleos con un componente rutinario codificable relevante y las tareas manuales, al tiempo que aumentan la participación de las tareas con un componente cognitivo y no rutinario relevante.

La última intervención, “Retornos educativos: ¿Quién se beneficia?”, estuvo a cargo de la Mag. Andrea Doneschi. La presentación inició resaltando aspectos teóricos sobre los beneficios que presenta la educación, presentando una distinción entre los beneficios privados asociados a las personas que se forman, y los beneficios sociales (externalidades positivas) de los que se apropia la sociedad en su conjunto. Esta distinción se vuelve compleja a medida que avanzan los niveles educativos, especialmente si se tienen en cuenta los mecanismos de financiamiento. Como destacó Doneschi, se puede hablar de financiamiento privado cuando son las personas o sus entornos quienes financian las trayectorias educativas, mientras que se habla de financiamiento público cuando el mismo proviene de los esfuerzos gubernamentales. La presentación de Doneschi finalizó destacando los principales mensajes de la intervención, resaltando que existen mecanismos de financiamiento público y privado, que los retornos provenientes de la educación son relevantes y, por lo tanto, se justifica que exista al menos una aporte de financiamiento que sea privado; en cuanto al financiamiento del sector público, entre los argumentos a favor se destacan: su importancia en términos sociales, culturales y políticos, corrige imperfecciones de los mercados, además de que existen cuestiones de equidad vinculadas a la distribución del ingreso, la movilidad social de las personas y el retorno fiscal para el estado por diferentes vías impositivas.

Construcción de capacidades de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de la República

El pasado viernes 27 de noviembre, en la Explanada de la Universidad de la República se llevó a cabo la cuarta y última mesa del ciclo. El título de la actividad fue “Construcción de capacidades de ciencia, tecnología e innovación de la Universidad de la República” y contó con la organización de la Dra. Lucía Pittaluga y fue moderada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Prof. Jorge Xavier. Los presentadores de la actividad fueron el Prof. Rodrigo Arim, Rector de la Universidad de la República, el Dr. Rafael Radi, Profesor Titular de la Facultad de Medicina y el Dr. Reto Bertoni, Profesor Agregado de la Facultad de Ciencias Sociales.

La actividad inició con la presentación del Prof. Rodrigo Arim, titulada “Tensiones de las políticas públicas: restricciones de corto plazo, acceso igualitario al conocimiento avanzado”. En primer lugar, Arim destacó que la inversión en conocimiento avanzado es una palanca imprescindible para construir el desarrollo nacional, y es extremadamente complejo imaginar un desarrollo nacional sin la presencia de las capacidades de las personas incorporadas en los sistemas de enseñanza superior y sin la construcción de una red de espacios de investigación, de generación de ideas, de articulación con el mundo exterior en todas las áreas del conocimiento y la cultura. Además, el Rector planteó que el conocimiento avanzado es un espacio estratégico de las políticas públicas; en este sentido, las políticas públicas son un instrumento necesario para generar los montos de inversión necesarios para la construcción de capacidades en materia de conocimiento avanzado. Es central, según Arim, tener en cuenta que las políticas públicas y las universidades pueden estar sujetas a problemas de captura de intereses particulares, dado que a través de diferentes fuentes de financiamiento, pueden existir espacios difusos en relación a determinadas agendas de investigación que pueden contribuir al establecimiento de falsas contradicciones entre lo “aplicado” y lo “social”.

La segunda presentación del seminario estuvo a cargo del Dr. Rafael Radi, quien disertó sobre “Ciencias básicas, interdisciplina y conocimiento avanzando para la emergencia sanitaria”. En primer lugar, Radi expuso sobre la evolución de las ciencias básicas en Uruguay; destacó que existió una preparación de 35 años para afrontar el momento actual que atraviesa el país. Además del caso del PEDECIBA, remarcó como centrales la creación de la Facultad de Ciencias (creada hace 30 años), la instalación del Instituto Pasteur de Montevideo, la creación del Espacio Interdisciplinario, el Sistema y el Fondo Nacional de Investigadores y la creación de la Academia Nacional de Ciencias de Uruguay; esto es, un conjunto de instituciones que brindan robustez a la cultura científica y han sido un gran sostén durante la emergencia sanitaria. La segunda dimensión destacada en la ponencia del Dr. Radi fue la interdisciplina. En este sentido, resaltó que durante el año 2010 la Universidad de la Repúblico creó el Espacio Interdisciplinario, una construcción relevante que ha permitido el diálogo entre disciplinas, transitando espacios comunes entre los diferentes investigadores. Asimismo, insistió en destacar a la interdisciplina como un enfoque metodológico que sirve para dar respuestas superadoras partiendo de disciplinas sólidas. A modo de cierre, Radi remarcó que para llevar a cabo el conjunto de prácticas y herramientas de detección de casos de SARS-CoV-2 en el país, es necesario contar con investigadores sólidos y firmes y, especialmente, es central la generación de redes de intercambio en investigación; destacó que parte de la rápida respuesta del país fue gracias a la preexistencia de redes científicas en el exterior creíbles y confiables.

La última presentación estuvo a cargo del Dr. Reto Bertoni, bajo el título “Senderos de acumulación en la UdelaR: asunto del pueblo. El caso de la revolución eólica”. El Uruguay cuenta con 4.900 megavatios instalados para la generación de energía eléctrica; entre 2014 y 2018, se instalaron 1.500 de los 4.900 megavatios en base a la energía eólica. Algunos aspectos resaltados por Bertoni sobre el proceso de transformación de la matriz energética han sido: i) la conformación de una política pública de mediano plazo 2014-2030, apoyada por todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el año 2010 como catalizador; y ii) la participación de la Universidad de la República con sus recursos humanos, con los conocimientos avanzados y con sus redes académicas, las cuales posibilitaron la transformación en materia energética. El Dr. Bertoni insistió en reconocer el recorrido de la UdelaR con décadas de acumulación en investigación, en enseñanza y en distintas formas de relacionamiento con el medio; remarcó que fue absolutamente necesario realizar este trayecto de relacionamiento institucional con diferentes actores sociales para poder, en el siglo XXI, llevar adelante esta revolución eólica que asombra al mundo. Por último, Bertoni destacó las principales características de la política energética llevada a cabo en los últimos años. En este sentido, un aspecto central se encuentra en el acercamiento entre la acumulación de conocimiento (el saber) y la toma de decisiones (las políticas públicas). A partir de una cita extraída de la página web de la Facultad de Ingeniería, Bertoni destacó que el desarrollo eólico se basó en el conocimiento avanzado generado en dicha Facultad a lo largo de décadas de investigación; en estas décadas se identificaron las regiones más adecuadas, los problemas de conexión con la red hidroeléctrica y la interconexión con el conjunto de sistema eléctrico, se formaron los técnicos que lideraron este cambio, entre otros aspectos.

A modo de cierre

Buscando difundir y discutir el aporte de la enseñanza superior, la investigación y la innovación al desarrollo nacional, desde el IECON y el DE se propusieron los cuatro seminarios del ciclo “Capacidades para el desarrollo: entre el COVID y los desafíos de largo plazo” que, desde distintos ejes abordaron diferentes desafíos estratégicos para el desarrollo de capacidades que contribuyan a resolver problemas críticos de nuestra sociedad (como es el caso de la actual pandemia).

La creación y uso de conocimiento avanzado han permitido que nuestro país enfrente, con cierto éxito relativo, la pandemia de Covid-19. No es posible prever si a partir de la experiencia del presente año habrá una relación más fluida entre las instituciones de educación superior e investigación y los gobiernos, si existirá mayor visibilidad del trabajo académico o mayor demanda de conocimiento desde las actividades de producción y gobierno, que interpele y retroalimente el conocimiento académico en la búsqueda de soluciones a los problemas relevantes del desarrollo nacional. Aun así, sabemos que, para que eso sea posible es necesario invertir de manera sostenida en la formación de capacidades; a mediano y largo plazo, los retornos de este tipo de inversión son observables y significativos.

04/12/2020: ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar por agua de calidad?

--Maximiliano Machado, Miguel Carriquiry

Introducción

La naturaleza provee una serie de servicios de los cuales nos beneficiamos los seres humanos, usualmente conocidos como servicios ecosistémicos. Dentro de éstos, los sistemas acuáticos proveen una serie de servicios en distintas dimensiones, destacándose el agua para consumo o para servicios culturales y de recreación. Si bien es ampliamente reconocido que estos servicios son valorados por la gente, su cuantificación es todavía limitada, sobre todo en Uruguay. Obtener información acerca de su valor es clave para el diseño de políticas de protección y remediación de calidad de los ecosistemas. Sin embargo, el hecho de que el precio de estos servicios no coincida con su valor – y que en muchos casos ni siquiera exista un precio – genera problemas para la elaboración de este tipo de políticas.

Dado que las políticas con objetivo de mejorar la calidad del agua son costosas, y parte de estos costos se transmiten a consumidores, es imperioso tener medidas de la disposición a pagar o el valor asignado por la población a la mejora respectiva. A diferencia de la mayoría de los productos, no existe un mercado para distintos niveles de calidad de agua, por lo que es necesario recurrir a otro tipo de técnicas para inferir ese valor. En este caso optamos por emplear técnicas de gastos defensivos (Baumol et al., 1988) para este propósito. Esto implica acercarse a la disposición a pagar de la población por agua de calidad a través de los costos en los que incurren los hogares en distintos sustitutos para el agua de cañería.

A pesar de la amplia cobertura del sistema de provisión de agua por cañería, y de que la información brindada por medios oficiales apunta a que ésta es potable, es reconocido que los hogares en Montevideo optan en forma creciente por evitar o reducir el consumo de esta fuente. El principal motivo que lleva a este cambio en las decisiones de consumo puede ser una preocupación por la salud, de forma que los consumidores busquen evitar un agua que consideran perjudicial.[1] Para solucionar este inconveniente, los purificadores y el agua embotellada aparecen como los principales sustitutos a los que acuden los consumidores en busca de agua de mejor calidad. Observando las decisiones de consumo de los individuos, esto es, cuánto gastan en los distintos métodos defensivos, es posible acercarse a un límite inferior de su verdadera disposición a pagar por agua de calidad.

A través de observaciones de estos gastos defensivos buscamos acercarnos a la disposición a pagar de la población de Montevideo por consumir agua de alta calidad percibida. Por otro lado, investigamos acerca de los factores que influyen tanto en la decisión de adopción de estos métodos defensivos como en los factores que afectan la magnitud de las erogaciones. Para esto nos basamos en una encuesta a residentes de la ciudad (realizada como parte de este estudio) entre los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020. El hecho de que el grupo de hogares que no emplea métodos defensivos no registre un nivel de gasto genera un problema de selección muestral: solo observamos niveles de gasto para los que efectivamente gastan. Esto lo solucionamos con un modelo de selección muestral (Tobit Tipo II) (Amemiya, 1985). En la primera etapa se estima la probabilidad de adoptar alguna de las medidas defensivas y en la segunda se emplean los resultados de la primera etapa para estimar los determinantes del nivel de gasto.

Resultados

En lo que refiere a la adopción de métodos defensivos, el 73% de los hogares en Montevideo emplea alguna de las medidas. Dentro de éstas, la compra de agua embotellada resulta la más popular, siendo utilizada por el 64% de los hogares. Por otra parte, el gasto promedio mensual por persona es de $311 pesos ($7 dólares), lo que se puede traducir en un gasto anual por persona de $3,732 ($84 dólares). En términos agregados, esto implica que los habitantes de Montevideo desembolsan cerca de 111 millones de dólares para defenderse del agua de cañería.

A nivel de hogar, el gasto mensual promedio es de $797 pesos ($18 dólares al momento del análisis), lo que equivale a un 1.2% del ingreso mediano de los hogares de la ciudad (INE, 2019). Si bien este costo puede no parecer demasiado elevado, consumir estas cantidades de agua[2] directo de la canilla tendría un costo mensual extra de, como máximo, $3 dólares ($113 pesos uruguayos).[3] De esta forma, al emplear estos métodos defensivos los hogares incurren en un sobrecosto de $15 dólares mensuales, un gasto, al menos, seis veces mayor al que tendrían por consumir agua de canilla.

En lo que refiere a los factores asociados con la adopción de métodos defensivos observamos efectos de tipo socioeconómicos, de salud y de percepción hacia el agua. La probabilidad de adoptar métodos defensivos crece con el nivel de ingreso, lo cual se alinea con la idea de que este tipo de métodos suelen ser costosos. Por otro lado, luego de controlar por características como el ingreso, nivel educativo, edad y características del hogar, el hecho de tener un automóvil resulta significativo en la decisión de adopción de estos métodos. Este efecto parece ir en la línea con la idea de que el agua embotellada –el método más común – implica costos de transporte que pueden ser sobrellevados con un automóvil (Johnstone y Serret, 2012).

Aquellos hogares que declaran creer que el agua de OSE es potable son menos propensos a defenderse que los que no. Por otro lado, tanto los que creen que el consumo de agua de canilla representa algún riesgo para su salud como los que temen que esta agua la afecte son más propensos a emplear métodos defensivos. Personas que fuman – lo que puede ser pensado como un acercamiento a un escaso cuidado de la salud – son menos propensas a defenderse que las que no. Se observa también un efecto de pares, de manera que aquellos que tienen amigos cercanos que emplean métodos defensivos tienen una probabilidad más alta de defenderse que los que no.

No encontramos evidencia de efectos del nivel de satisfacción. La probabilidad de emplear estos métodos no varía entre hogares que están satisfechos con el agua que reciben y hogares que no lo están. A diferencia de lo que enuncia la literatura, no hay efecto de la presencia de niños pequeños o adultos mayores, quienes suelen necesitar consumir agua de buena calidad. Finalmente, tampoco encontramos evidencia de que la exposición a información a través de redes sociales y los distintos medios de comunicación afecte las decisiones de tratamiento del agua.

Cuando analizamos las dimensiones que afectan el nivel de gasto observamos algunos resultados similares a los anteriores. Aquellas personas de ingresos altos (superiores a los $90,000 pesos líquidos mensuales) realizan un gasto defensivo entre 30% y 50% más alto que personas de ingresos bajos (inferiores a los $35,000 pesos líquidos mensuales). No observamos diferencias entre niveles de ingreso medio y el nivel bajo. Otro factor que afecta el gasto es la presencia de tanques de agua. El hecho de que requieran limpieza periódica – generalmente con cloro – y contengan al agua estancada por largos periodos de tiempo puede generar problemas en la calidad. Aquellos hogares que tienen tanque de agua tienen un gasto mayor (entre 15% y 20%), lo que puede relacionarse con una pérdida de calidad adicional causada por los tanques.

La cantidad de personas del hogar afecta el gasto per cápita. Una persona extra reduce el gasto defensivo per cápita en 14%. El agregado marginal de una persona en el hogar puede implicar quitarle dinero al presupuesto para gasto defensivo para destinarlo a otro tipo de gastos prioritarios. Por otra parte, los hogares que consumen agua embotellada presentan un gasto mayor a los que emplean solo purificadores, siendo el gasto para los primeros cerca de 170% mayor que el de los segundos. Esto puede estar reflejando diferencias en costos entre ambos métodos. Si bien los purificadores implican un costo fijo elevado (pueden ir desde los $1,000 hasta más de $15,000), el costo marginal suele ser bajo, necesitando cambio de filtros luego de cierto periodo de tiempo o nivel de consumo.

Comentarios finales

Estos resultados representan un elemento fundamental para el diseño de políticas públicas en términos de inversiones como ser en equipamiento que mejore la capacidad de potabilización de agua, provisión de incentivos para cambiar prácticas productivas, o invertir en campañas de publicidad acerca de la calidad agua. En otras palabras, es información de base para el análisis de costo y beneficio de diferentes intervenciones posibles.

Es necesario remarcar que en este trabajo la percepción que tienen muchos de los individuos entrevistados sobre la calidad del agua que reciben es subjetiva. Muchas personas no conocen la calidad objetiva del agua y pueden verse influidos por factores como publicidad, información en medios de comunicación y redes sociales o conductas de otras personas, no reflejando necesariamente una preocupación relacionada con la salud. También en este sentido, la calidad del agua puede variar por factores como la calidad de las cañerías o el tratamiento que recibe en distintos puntos de la ciudad, lo cual es muy difícil de medir.

Si bien este trabajo no busca proponer políticas públicas, puede ser tratado como un insumo clave para su formulación. El hecho de que más del 70% de la población de Montevideo dedique parte de sus ingresos al consumo defensivo estaría indicando que la mayoría de los residentes considera que el agua suministrada no tiene una calidad adecuada para ser bebida de manera directa. Si el agua sufre efectivamente de pérdidas de calidad, mejorar el sistema de provisión de agua, haciendo que los hogares no deban depender de agua embotellada o filtrada, puede tener parte del costo traspasado a los hogares. Los hacedores de política podrían emplear estas cotas inferiores de la disposición a pagar como una línea de base para fijar futuros precios por la provisión de un mejor sistema de agua. En caso contrario, donde el agua no tenga una pérdida de calidad objetiva y el consumo sustituto se deba a problemas de percepción de los consumidores, una campaña publicitaria podría representar una política conveniente.

Click aquí para acceder al Documento de Trabajo.

Referencias

Amemiya, T. (1984). Tobit models: A survey. Journal of econometrics24(1-2), 3-61.

Baumol, W. J., Oates, W. E., Bawa, V. S. & Bradford, D. F. (1988). The theory of environmental policy. Cambridge university press.

Dupont, D. P., & Jahan, N. (2012). Defensive spending on tap water substitutes: the value of reducing perceived health risks. Journal of water and health10(1), 56-68.

Johnstone, N., & Serret, Y. (2012). Determinants of bottled and purified water consumption: results based on an OECD survey. Water Policy14(4), 668-679.

 


[1] Podría pensarse también en motivos relacionados con atributos físicos del agua como sabor u olor, pero no relacionados con la salud.

[2] Según los litros que declaran consumir aquellos hogares que compran agua embotellada.

[3] De acuerdo a las tarifas de OSE para el año 2019 el consumo de entre 0 y 5,000 litros de agua tiene un costo de $112 pesos uruguayos. Los hogares conectados a OSE no tendrían un costo extra por consumir estas cantidades de agua, salvo se encuentren cercanos al límite de los 5,000 litros. La siguiente franja de consumo, entre 5,000 y 10,000 litros tiene un costo de $113 adicionales.

27/11/2020: Populismo para economistas

--Santiago Picasso, Andrés Rius[1]

Introducción al tema

El populismo es un viejo conocido en las ciencias sociales en general, mas no lo es tanto en la disciplina económica en particular. Sin embargo, en los últimos años con el surgimiento de líderes y partidos populistas, el interés de la economía por el populismo se ha incrementado (Rodrik, 2017). Ahora bien, ¿por qué podría ser interesante para la investigación en economía estudiar este fenómeno? ¿Es relevante la presencia de líderes definidos como populistas para el crecimiento económico? ¿Podría el incremento de gobiernos con características populistas explicar el crecimiento de las restricciones comerciales en los países desarrollados? ¿Podría la emergencia de este fenómeno explicar la baja redistribución de países latinoamericanos? Existen varios trabajos que documentan que sí (por ejemplo: Ruth-Lovell et al. 2019; Houle & Kenny, 2018; Grossman & Helpman, 2018). El populismo podría afectar la toma de decisiones de gobernantes, con implicaciones en el comercio, la desigualdad de ingresos, la sostenibilidad de la deuda, por citar algunos ejemplos.

Sin embargo, antes de responder estas preguntas se debe definir adecuadamente qué se entiende por populismo. En esta entrada al blog abordamos las controversias definicionales en torno al populismo, no por su interés específico para los economistas, sino porque queremos investigar rigurosamente sus dimensiones económicas. Como sostienen los buenos manuales de investigación social, la sistematización y eventual “medida” de un concepto requiere un acuerdo mínimo sobre sentidos científicos y corrientes del mismo. Con la conceptualización que lleva al afinamiento de ideas y significados, procuramos acuerdos entre especialistas que revelen consistencia, con los usos coloquiales y con los académicos, de los términos (Gerring, 2012).

El populismo es un término descriptivo en el sentido de que es interesante en sí mismo y no solo porque causa algunos procesos o es el efecto de otros. Este artículo, sin embargo, está interesado en el populismo precisamente porque podría ser la causa de ciertos fenómenos económicos y la respuesta adaptativa de algunas instituciones sociales. Sin embargo, si el concepto no está bien definido, las respuestas que se obtendrían serán equivocadas. Para definirlo, entonces, se requiere que el concepto no sea endógeno a lo que se quiere responder. Por este motivo, es que nos alejamos de las viejas definiciones económicas las cuales entienden al populismo como un conjunto de políticas macroeconómicas miopes y redistributivas que conducen a la inflación y a una crisis de la balanza de pagos (Dornbusch y Edwards, 1991). Esta definición es inadecuada ya que incorpora consecuencias de política económica en su propia conceptualización, lo que no permitiría responder cuales son los efectos económicos del populismo. Por lo tanto, a partir de la revisión de literatura se utiliza el concepto desarrollado por Weyland (2001) donde el populismo es caracterizado como una estrategia política mediante la cual un líder personalista ejerce el poder del gobierno basado en el apoyo no institucionalizado de un gran número de seguidores desorganizados (Weyland 2013, p.14). En este sentido queda delimitado qué es populismo, y qué no es. Poco tienen que ver las políticas llevadas a cabo por estos líderes, sino que, lo que lo determina principalmente es su vínculo con las masas en ausencia de marcos institucionalizados que las definan.

Objetivos

Los objetivos del trabajo son tres: por un lado, se discute el concepto de populismo. Se evalúan ventajas y desventajas de las distintas definiciones según los objetivos del análisis, concluyendo que las definiciones no extraídas de la economía permiten responder de forma adecuada a preguntas de investigación planteadas desde la disciplina económica. En segundo lugar, se utiliza la definición de populismo para determinar empíricamente aquellos presidentes sudamericanos que caen conceptualmente bajo esta definición. En tercer lugar, se estudia si la relación entre gobiernos liderados por políticos/as con características populistas desemboca en comportamientos diferenciales en política tributaria respecto a aquellos mandatarios/as no definidos como tales. Más precisamente, se buscará ver si los gobiernos populistas tienden a efectuar variaciones en tasas impositivas en mayor medida que los no populistas.

Metodología y datos utilizados

Se considera que un abordaje cualitativo es propicio para esta investigación. Por tal motivo, este trabajo se distancia de las metodologías econométricas habitualmente utilizadas en investigaciones académicas en la disciplina económica. Se utiliza la técnica Qualitative Comparative Analysis (QCA) desarrollada por Ragin (1987), la cual se sustenta en un enfoque causal basado en relaciones lógicas booleanas de suficiencia y necesidad que no son fruto de correlaciones, distanciándose de la lógica ceteris-paribus. Luego, para aplicar esta técnica se utilizan fuentes secundarias para categorizar los populismos en Sudamérica a partir de los estudios de Weyland (2013), Weyland (2001) y Rodrik (2017). Se incorporan variables económicas y políticas: inflación y crecimiento (Banco Mundial), apoyo popular (Carlin et al., 2016). Además, se genera una base de datos con el número de modificaciones tributarias (extraídas del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) por gobierno.

Principales resultados y reflexiones

Se utiliza un modelo explicativo donde la variación de la política tributaria se vincula, no solo a variables económicas como inflación y crecimiento económico, sino que además el apoyo popular y el tipo de gobierno inciden en la toma de decisiones. Utilizando la metodología QCA, se encuentran tres configuraciones que explican que un gobierno realice modificaciones tributarias. Una es la presencia de inflación, otra es el crecimiento económico en ausencia de apoyo popular y la tercera configuración que explica la modificación de impuestos es, efectivamente, la presencia de un gobierno populista. Sin embargo, esta presencia populista debe coexistir con un alto crecimiento económico en contextos de bajo apoyo popular. Asimismo, la propia asimetría causal de la metodología QCA lleva al estudio de las configuraciones que explican la ausencia de modificaciones impositivas. De todas las configuraciones posibles, la que determina que no se modifiquen impuestos es también la presencia de un gobierno populista pero con apoyo popular y en contextos de crecimiento económico limitado y baja inflación.

Este primer trabajo es exploratorio y deja más preguntas que respuestas. Se muestra un comportamiento diferencial de los gobiernos populistas pero bajo ciertos contextos. Cabría preguntarse si estas soluciones variarían al incorporar la ideología de este tipo de gobiernos. ¿Lo que explica el comportamiento diferencial es el populismo efectivamente o es su ideología? ¿Importa el tipo de gobierno o es más determinante el contexto histórico y la geopolítica internacional? Ahora bien, con los nuevos gobiernos populistas tanto de derecha como de izquierda en el mundo como Donald Trump, Jair Bolsonaro o López Obrador, entre otros, la agenda de investigación queda abierta y este trabajo contribuye al estudio de este tópico desde la economía.

Referencias:

Carlin, Ryan E., Jonathan Hartlyn, Timothy Hellwig, Gregory J. Love, Cecilia Martinez-Gallardo, and Matthew M. Singer. 2016. Executive Approval Database 1.0. Available for download at www.executiveapproval.org.

Dornbusch, R., & Edwards, S. (1991). The macroeconomics of populism. In The macroeconomics of populism in Latin America (pp. 7-13). University of Chicago Press.

Gerring, J. (2012). Mere description. British Journal of Political Science, 42(4), 721-746.

Grossman, G. M., & Helpman, E. (2018). Identity politics and trade policy (No. w25348). National Bureau of Economic Research.

Houle, C., & Kenny, P. D. (2018). The political and economic consequences of populist rule in Latin America. Government and Opposition53(2), 256-287.

Ruth-Lovell, S. P., Doyle, D., & Hawkins, K. A. (2019). Consequences of Populism Memo for The Guardian’s New Populism Project. Team Populism.

Rodrik, D. (2018). Populism and the Economics of Globalization. Journal of international business policy, 1(1-2), 12-33.

Weyland, K. (2001). Clarifying a contested concept: Populism in the study of Latin American politics. Comparative politics, 1-22.

Weyland, K. (2013). The threat from the populist left. Journal of Democracy 24.3 (2013): 18-32.

 


[1]Click aquí para acceder al Documento de Trabajo.

20/11/2020: ¿Dónde nos encuentra la economía hoy?

--Gabriela Mordecki

 

Situación actual

El segundo trimestre de 2020 marcó el punto más bajo en la actividad económica, consecuencia del impacto de las medidas del “lockdown” voluntario en Uruguay ante la declaración de emergencia sanitaria por el Covid-19. De acuerdo con los datos recientemente publicados por el Banco Central del Uruguay (BCU) la economía se contrajo 10,6% en el segundo trimestre de 2020 en relación a igual trimestre de 2019 y 9% con relación al primer trimestre de 2020, si se considera el PIB desestacionalizado. Más allá de que la economía comenzó a recuperarse a partir del mes de mayo, los datos primarios del tercer trimestre de 2020 no muestran que la recuperación haya continuado, sino que estamos parados en un escalón bastante más abajo del nivel del primer trimestre (Gráfico 1).

El mundo se está enfrentando a lo que parece ser una segunda ola de contagios del Covid-19, aunque por ahora con un menor impacto a nivel de muertes. Igualmente, muchos países están volviendo atrás en sus políticas de “desescalada” de las medidas de confinamiento. Esto seguramente tendrá impacto en el enlentecimiento de la normalización de diversas actividades, y seguramente supondrá una nueva revisión a la baja del crecimiento económico de varios países y bloques económicos.

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Uruguay, a pesar de que mantiene los brotes y contagios bajo relativo control, no parece escapar de estas tendencias mundiales, dentro de una región sumamente complicada, con Brasil y Argentina enfrentando caídas muy importantes en su actividad económica (Gráfico 2).

 

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Por otro lado, se acerca la temporada turística en Uruguay, y el gobierno ya decidió no abrir las fronteras al turismo, actividad que implica alrededor de 7% del PIB, ya que más allá de que por ahora la pandemia se encuentra bajo control, algunos indicadores comienzan a empeorar, por ejemplo, el cociente de casos de los últimos 7 días/100.000 habitantes (Gráfico 3). Esta decisión se basó en lo observado en otros países del hemisferio norte luego de la temporada estival y en el análisis del Comité Asesor Científico Honorario (GACH) de Uruguay.

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 En medio de esta situación, el Parlamento discute el proyecto de Presupuesto 2020-2024 presentado por el poder ejecutivo, estableciendo un incremento nulo del gasto para los próximos años, de forma de corregir el déficit fiscal y pasar del déficit del 6,5% del PIB en el que cerraría el año, a uno de 2,5% del PIB en 2024. Sin embargo, de acuerdo a nuestro análisis, los supuestos macroeconómicos en que se basa este Presupuesto son sumamente optimistas ya que por lo que se proyecta parece que se supone que esta crisis sería algo puntual, de la cual ya en el tercer trimestre estaríamos saliendo y luego la economía continuaría comportándose como antes de la aparición de la pandemia. Por otro lado, en términos de tasa de empleo el Presupuesto prevé que recién en 2023 se superaría el nivel pre-crisis. Al mismo tiempo, estos supuestos implican una reducción de los salarios reales por dos años, y es poco probable que se recuperen a partir de 2021, lo que conduciría a la caída de los ingresos de los hogares lo que debilitaría el consumo interno como factor dinámico para la recuperación del PIB.

Por el lado del sector externo, es difícil vislumbrar que pueda convertirse en el sector dinámico que empuje al crecimiento de la economía, como aparece en el Presupuesto, ya que está debilitado por la caída del comercio mundial, los precios internacionales y la falta de recuperación de la competitividad-precio de la economía uruguaya.

Medidas para hacer frente a la pandemia

En Uruguay, como en muchos países, se tomaron dos tipos de medidas, unas dirigidas a las empresas y otras para la población. Entre las primeras, el apoyo a las empresas tuvo por un lado la ampliación del subsidio por desempleo, que, a las dos categorías ya existentes, por despido y por suspensión, se agregó el subsidio por reducción, que permite al que trabaja 50% de la jornada pagada por la empresa, recibir un subsidio del Estado del 25% del salario por las horas que se deja de trabajar. Si bien estos subsidios son por 6 meses, los mismos se han ido extendiendo, y recientemente se sumó para las empresas que retomen personal un descuento en las cargas sociales que pagan. Del total de trabajadores, el 25% es informal y de los formales, cerca del 17% recibieron este subsidio en los primeros meses de la pandemia, valor que actualmente se sitúa en alrededor del 5% del total de trabajadores formales. En este contexto, la tasa de desempleo solamente aumentó 1,5 puntos porcentuales comparando setiembre de 2020 con setiembre de 2019, porque además de caer el empleo, ha caído la tasa de actividad.

Por otro lado, el gobierno ha abierto nuevas líneas de crédito a bajas tasas y con garantías estatales, pero pocas empresas han utilizado estos fondos.

En lo que respecta a las medidas para la población, además del impacto de los subsidios por desempleo, se duplicaron las ayudas que mensualmente reciben las familias más pobres por parte del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), por un monto aproximado de 80 dólares por familia, pagadero en 2 cuotas mensuales, lo que se repitió varias veces en el año. Asimismo, se aprobó adicionalmente una ayuda equivalente a 8 kg de alimentos por familia. Como se puede ver por los montos aquí señalados, la ayuda económica para la población, sobre todo para los trabajadores informales, es de montos relativamente exiguos, siendo el total de la ayuda prevista para todo el año, de alrededor de 1,6% del PIB. Sin embargo, el monto ejecutado hasta setiembre de 2020 equivale a solo 0,8% del PIB.

Perspectivas económicas

La fuerte incertidumbre imperante en el mundo sobre la profundidad de la crisis, el impacto de la segunda ola del COVID-19 en Europa y Estados Unidos y la recuperación de la demanda hacen que el margen de error al realizar proyecciones sea mucho mayor que en situaciones más normales. En este marco, y como consecuencia de la situación internacional de caída en la demanda y la situación interna de fuerte retracción de la actividad en el segundo trimestre del año, las proyecciones económicas para 2020 se han ido ajustado a partir del crecimiento de 1,7% que se proyectaba a fines de 2019 en la encuesta del BCU. Mientras que en mayo la mediana de esta encuesta se proyectaba una caída del PIB de 2,6%, en la encuesta de octubre esta proyección era de una caída de 4,2%, mientras que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) proyecta una contracción de 5% del PIB y el FMI proyecta una caída de 4,5%.

De acuerdo con proyecciones propias, el PIB podría caer 4,7% en 2020 y crecería 3,4% en 2021 y 2,5% en 2022, cuando se alcanzaría nuevamente el nivel del PIB de 2019 (Gráfico 4).

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En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo en setiembre fue de 11%, levemente superior a la de febrero (10,5%), debido a que, como ya se comentó, se contrajo tanto el número de ocupados como el de activos en el mercado de trabajo. Si se considerara el número de desocupados en febrero y se sumaran los ocupados que han disminuido, tomando la tasa de actividad de febrero (antes de la aparición de la pandemia en Uruguay) la tasa de desempleo sería de alrededor del 14%.

El resultado fiscal, que en los doce meses terminados en setiembre de 2020 fue de -5,8% del PIB, se proyecta que al cabo del año se ubique alrededor del 6,5%. Esto implicaría un incremento de la deuda pública, que al cierre de 2019 se ubicaba en 66% del PIB, y podría llegar a representar 75% del PIB a fines de 2020.[1]

A pesar de la caída de la demanda, en Uruguay la inflación se mantuvo cercana al 10%, luego de llegar a 11% en los 12 meses cerrados en mayo, y se situó en 9,74% en el año móvil terminado en octubre de 2020. En los primeros meses de declarada la pandemia el crecimiento se debió al ajuste de tarifas decretado por el gobierno sumado a la aceleración de la depreciación cambiaria. Sin embargo, más allá de una leve desaceleración posterior, los efectos de la fuerte indexación y dolarización de la economía uruguaya, mantuvieron la inflación cercana al 10%. De acuerdo con la encuesta de expectativas del BCU, la inflación cerraría el año en 9,25%, y para 2021 en la misma encuesta se proyecta que la misma se situaría en 7,6%, ambos valores por encima del máximo del rango meta del BCU para el período (3% a 7%).

En suma, en Uruguay las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia, en lo relativo al contagio del virus parecen haber sido, hasta el momento, efectivas. Asimismo, la infraestructura de telecomunicaciones y las reformas del sistema de salud, parecen haber dado elementos para que también se pueda hacer frente a la situación de distanciamiento social. Sin embargo, existe una preocupación bastante generalizada de que los impactos económicos y sociales podrían ser muy profundos, dado que las medidas económicas tomadas por el actual gobierno parecen ser bastante limitadas, fundamentalmente con relación a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

 


[1] Ténganse en cuenta que se está llevando a cabo una revisión de las Cuentas Nacionales, que, según información del BCU, para el año 2016 el PIB estaría 8,6% por encima de la estimación anterior, lo que de mantenerse pare los años posteriores implicaría una caída del porcentaje de déficit y de deuda con respecto al PIB.

09/11/2020: El nexo entre el desempleo y la actividad económica (ley de Okun) en los países latinoamericanos y su relación con las características de sus mercados de trabajo

--M. Sylvina Porras-Arena[1]

El desempleo es uno de los indicadores económicos clave del desempeño de una economía: desde el punto de vista de la eficiencia implica la existencia de recursos ociosos y desde el punto de vista social implica pérdidas de bienestar para la población en su conjunto y en particular para las personas que lo padecen. Además, la falta de puestos de trabajo en los países de América Latina y el Caribe se asocia con la marginación y la pobreza, por lo cual, cuando los niveles de desempleo son altos o presentan tendencias al alza, se genera una alerta para la sociedad en su conjunto.

Pero, ¿alcanza con que se genere crecimiento económico para solucionar el problema del desempleo en los países latinoamericanos? ¿Cuál es el efecto de los vaivenes de la actividad económica sobre el desempleo de estos países? ¿Qué nivel de crecimiento económico debería darse en cada país latinoamericano para que se produzca una reducción de al menos 1 punto porcentual en sus tasas de desempleo? No hay una respuesta única a cada una de estas preguntas. La evidencia internacional indica que la relación entre las variaciones de la actividad económica y el desempleo difiere entre países y depende de varios factores.

El pionero en estudiar esta relación fue Arthur Okun (1962) quien descubrió para los Estados Unidos (1947-1960) una regularidad empírica relevante, la que posteriormente llevó su nombre: ley de Okun. Su aporte fue señalar que por cada 1% de crecimiento de la actividad económica de los Estados Unidos por encima de su crecimiento “normal”,[2] la tasa de desempleo de ese país se reducía 0,3 puntos porcentuales.[3] Mucho se ha investigado sobre esta relación desde su descubrimiento, pero la gran mayoría de los estudios se han realizado para países desarrollados, siendo aún escasa la evidencia empírica para países latinoamericanos. Sin embargo, el aumento del desempleo en estos países se asocia en general con escasos estímulos de la actividad económica o a la falta de políticas tendientes a estimular la demanda agregada, aún sin tener muy clara la relación existente entre dichas variables, y en espera a que el crecimiento económico traiga la solución al problema.

Así, la investigación que se llevó a cabo aporta evidencia sobre la relación desempleo - actividad económica para los países latinoamericanos, confirmando su validez en algunos casos y refutándola en otros, ampliando la escasa evidencia empírica existente que sugiere una relación más débil en estos países que en la mayoría de los países desarrollados. En segundo lugar, la investigación aporta evidencia que indica que ciertos factores que caracterizan a los mercados de trabajo de las economías en desarrollo (informalidad, trabajo familiar no remunerado, trabajo autónomo, etc.) que se presentan con mayor relevancia en unas economías que en otras, ayudan a explicar las diferencias en la reacción del desempleo ante variaciones de la actividad económica.

Resultados

La ley de Okun se cumple para varios países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Uruguay y Venezuela. Ello se confirma utilizando datos de la base CEPAL para el período 1980-2017 con distintos métodos para estimar dicha relación. A excepción de Colombia, los resultados obtenidos son relativamente similares para este conjunto de países, e indican que en promedio, por cada 1% de crecimiento de la actividad económica por encima de su nivel “normal”, se debería esperar una reducción de sus tasas de desempleo de entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales. Colombia es el país latinoamericano que presenta en promedio la mayor reacción del desempleo ante el crecimiento económico, pero también es uno de los países con elevado margen de error de la estimación puntual.

En el caso de Bolivia, Ecuador, Honduras y Nicaragua las estimaciones realizadas indican que no se estaría cumpliendo la ley de Okun, lo cual significa que las variaciones cíclicas de la actividad económica tienen escasos efectos sobre el desempleo.

Para los demás países analizados (México, Paraguay y Perú) los resultados de las estimaciones indican relaciones más débiles entre el desempleo y la actividad económica, e incluso nulas en algún período, dependiendo del método de estimación utilizado. Por lo tanto, en estos casos tampoco se puede rechazar la hipótesis de que las variaciones cíclicas del producto tienen efectos nulos o reducidos sobre el desempleo.

Se clasificaron los países en dos grupos según los resultados obtenidos al estimar la relación de Okun: Grupo 1 – países en donde la relación se cumple y los valores estimados de dicha relación resultaron similares y Grupo 2 - países en donde la relación no se cumple o sus valores estimados indican una relación muy débil o casi nula en algunos casos o períodos. Indagando sobre los factores que pudieran explicar las diferencias entre esos dos grupos de países se observa que los países del Grupo 2 se caracterizan por registrar los más altos porcentajes de: empleo autónomo, de trabajadores familiares no remunerados, de empleo en el sector agropecuario y de empleo en la economía informal. Efectivamente, estos factores discriminan, salvo alguna excepción, entre estos dos grupos de países, como se observa en los primeros cuatro gráficos de la izquierda. En esos gráficos se presenta el peso (en %) sobre el empleo total de los trabajadores por cuenta propia, de ocupados sin seguridad social, de familiares que trabajan sin remuneración y de los ocupados en el sector agropecuario (las columnas en gris claro son los países del Grupo 1 y en gris oscuro los países del Grupo 2).

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Este análisis se refuerza observando la relación lineal entre la relación estimada de Okun y los valores de dichas variables explicativas (los primeros cuatro gráficos de la derecha).[4] Las nubes de puntos que se forman en cada uno de esos gráficos muestran una clara relación negativa entre esas variables y el coeficiente de Okun (en valor absoluto), lo cual implica que la presencia de elevados porcentajes de empleo autónomo, de trabajadores familiares no remunerados, de empleo agropecuario y de empleo informal, están asociados con que las variaciones cíclicas de las producción tengan efectos de menor importancia sobre el desempleo.

En cuanto al empleo autónomo, su relación negativa con la relación de Okun se fundamenta en el hecho que el empleo por cuenta propia opera en gran medida como "empleo refugio'' y suele registrar un comportamiento contrario a las variaciones cíclicas de la actividad económica o débilmente pro-cíclico. Por lo tanto, cuando existe un alto nivel de empleo por cuenta propia respecto al empleo total, la destrucción del empleo asalariado durante las recesiones económicas tiene efectos más débiles en la tasa de desempleo agregada, ya que gran parte de ese empleo que se destruye pasa a formar parte de emprendimientos autónomos, como forma de sobrevivencia. Además, los efectos del mayor dinamismo económico sobre el desempleo en los períodos de recuperación serán débiles, si gran parte de los empleos que se generan son ocupados por trabajadores que abandonan el autoempleo. Estas situaciones conducen a una débil relación desempleo- actividad económica y por tanto, cuanto mayor es la prevalencia del trabajo por cuenta propia, menor será (en términos absolutos) el coeficiente de Okun.

Otra de las características que diferencian a los mercados de trabajo latinoamericanos es el alto porcentaje de empleo informal, y de trabajadores familiares no remunerados. Hay evidencia internacional que indica que el comportamiento del empleo informal en las diversas fases del ciclo económico repercute también en la ausencia o débil relación entre el desempleo y la actividad económica, dado que son empleos en general ocupados por trabajadores de baja calificación, con serias dificultades de inserción en el sector formal y que encuentran en ese tipo de ocupaciones su único sustento, y que no pueden darse el lujo de permanecer desocupados. La distribución de empleos con estas características también es diferente entre los países latinoamericanos, desde Bolivia que según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) presenta un elevadísimo porcentaje (en el entorno del 80%) de los ocupados en el empleo informal hasta Uruguay con algo más del 30% de los ocupados.

En el caso del peso de los trabajadores familiares no remunerados también se observan diferencias importantes entre los países latinoamericanos, desde Chile y Uruguay en donde este tipo de ocupaciones ronda el 1% a Bolivia con un 17% del total de ocupados. Las variaciones cíclicas del producto afectarán mucho menos al desempleo en aquellos países donde estas ocupaciones sean de importancia, dado que las relaciones laborales que se generan en este tipo de ocupaciones no se enmarcan dentro de la lógica general de la relación patrón-empleado.

A su vez, la especialización productiva sectorial juega también un rol en explicar diferencias en la reacción del desempleo respecto a las variaciones de la actividad económica debido a que hay actividades productivas que utilizan en forma intensiva a la mano de obra como son en general las actividades de servicios y otras en las que el uso de mano de obra es menos necesario, como son las actividades en el agro. Ello implica que un estímulo por parte de la demanda que incremente la producción agropecuaria tendrá efectos de menor importancia en el empleo total, y en consecuencia el desempleo se verá débilmente afectado. Además, la importancia en el empleo de este tipo de actividades es muy diferente entre los países latinoamericanos. Según datos de CEPAL, en Honduras supera el 30% del empleo total mientras que en Uruguay es aproximadamente el 10%. Así, aquellas economías que tengan un mayor peso relativo del empleo en las actividades agropecuarias es dable esperar que presenten coeficientes de Okun más bajos en valor absoluto.

Finalmente, las leyes o instituciones laborales son señaladas también en la literatura previa como factores determinantes a la hora de explicar las diferencias entre países o variaciones en el tiempo del coeficiente de Okun, debido a que generan rigideces en los mercados de trabajo (costos para las empresas de contratar o despedir trabajadores) dificultando más en algunos períodos que en otros, o más en unos países que en otros la posibilidad de ajuste del empleo (al alza o a la baja) ante variaciones de la actividad económica. La variable disponible sobre la regulación de los mercados de trabajo latinoamericano (índice EPL de OCDE-BID), que da cuenta en forma muy limitada sobre ese problema (en la mayoría de los países se cuenta con un dato puntual para uno o dos años, y además es una índice agregado) no logra discriminar entre estos dos grupos de países ni tampoco se constata una relación lineal entre esa variable y la relación de Okun (últimos gráficos), es decir que no se encontró relación entre el coeficiente de Okun y el índice EPL que mide la legislación de protección al empleo y por lo tanto da cuenta sobre la flexibilidad al ajuste del mercado de trabajo.

 


[1] Esta nota se basa en la investigación realizada por Porras-Arena, M.S. y Martín-Román, Á.L. titulada “Relación entre las características de los mercados de trabajo latinoamericanos y la ley de Okun” y publicada en Serie Documentos de Trabajo, DT 10/2020. Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Universidad de la República, Uruguay.

[2] Se entiende por crecimiento “normal” aquel nivel necesario para mantener a la tasa de desempleo estable. Es decir que para que el crecimiento económico impacte sobre la tasa de desempleo, el crecimiento de la actividad económica debe superar al crecimiento de la población económicamente activa más el crecimiento de la productividad del trabajo.

[3]Estudios con datos más recientes que los utilizados por Arthur Okun indican una mayor reacción del desempleo al crecimiento económico para los Estado Unidos, en el entorno de 0,4.

[4] Cada punto del gráfico corresponde a un país y su ubicación en el gráfico depende de los valores que el país presenta sobre las variables indicadas en los ejes: la relación de Okun estimada (eje de las ordenadas o vertical) y el % de los ocupados con ciertas características (eje de las abscisas u horizontal).

06/11/2020: Milgrom antes de las subastas: un breve recordatorio

--Sergio Milnitsky[1]

Hace un cuarto de siglo, cuando desarrollábamos en Facultad el curso de Economía Institucional y de las Organizaciones, nos enteramos de la publicación de la traducción española de Economía, Organización y Gestión de la Empresa, con la autoría de Paul Milgrom y John Roberts. Como en ese momento no existía el e-commerce nos pusimos en contacto con una conocida que vivía en España, quien compró y nos envió el libro.

El texto nos emocionó, ya que era el primer manual que conocimos que cubría el campo de las instituciones y las organizaciones. Aunque no compartíamos totalmente algunos de sus planteos, rápidamente incluimos grandes porciones de él en la bibliografía del curso. Milgrom, como coautor del texto, fue, con seguridad, ampliamente responsable de sus contenidos.

¿Cuál fue la importancia de aquel libro? Aunque los autores no utilizaban el término “instituciones”, es claro que la amplitud de significado que le daban a “organización económica” hacía sinónimo a ambas expresiones. Economía, Organización y Gestión de la Empresa ayudó a consolidar la noción de que la organización de las actividades económicas sí importa.

El trabajo cubre en forma amplia y detallada todos los temas de la institucionalidad y organización económicas, desde la gestión interna de las empresas hasta el funcionamiento de los sistemas económicos.

A continuación comentamos una muy breve selección de los temas incluidos en el libro:

Los problemas de la coordinación y el control

Milgrom y Roberts reconocían los problemas básicos que debe resolver cualquier conjunto de reglas económicas que el mainstream de nuestra disciplina aún consideraba como resueltos por definición. Nos referimos, en particular, a la coordinación y el control de las transacciones. Temas como el riesgo moral, la selección adversa, la racionalidad limitada, la información imperfecta, la información privada y el oportunismo, hoy recogidos en casi cualquier manual de Microeconomía, fueron reunidos y tratados en forma precisa e interconectada.

Los contratos y las organizaciones

En el libro se estudia con detalle estas dos maneras de resolver la coordinación y el control. Los incentivos y la información son analizados en una amplia diversidad de aspectos.

Los límites de la firma

El tema de los límites de la firma, aporte fundamental de Oliver Williamson en los inicios de la Economía Institucional y de las Organizaciones, es recogido y tratado en toda su profundidad.

La organización interna de la firma

Milgrom y Roberts se aventuraron en un aspecto de la operación de la economía que en ese momento aún no era considerado por muchos como objeto de nuestra ciencia. La organización y el funcionamiento internos de las firmas fue relacionado con la temática económica en forma clara y destacada.

La propiedad

Los trabajos de Ronald Coase, el primer autor reconocido con el premio Nobel por sus contribuciones al análisis económico de las organizaciones, fueron recogidos y tratados como lo merecían y relacionados precisamente con los temas de la propiedad.

Los sistemas económicos

Cuando los sistemas del “socialismo real” recién habían colapsado, Milgrom y Roberts se atrevieron a analizar y proyectar las posibilidades de la evolución de la organización de las economías del Este europeo.

En síntesis

Estos y muchos otros temas fueron tratados por los autores que recordamos, y por Paul Milgrom en particular. No es difícil trazar una línea entre estos tempranos intereses en la organización económica con los premiados desarrollos en la operación de las reglas de las subastas. El desarrollo y la docencia en los temas institucionales le deben mucho a Paul Milgrom.

 


[1] Imagen original de Paul Milgrom y Robert Wilson. Tomada de Nobel Foundation, https://www.nobelprize.org/

Diez preguntas acerca del Premio Nobel en Economía 2020

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--Sebastián Fleitas

Ya pasaron algunas semanas desde el anuncio del Premio Nobel de Economía en 2020. Este año fueron Robert Wilson y Paul Milgrom quienes obtuvieron el premio por las mejoras a la teoría de los remates y la invención de nuevos formatos de remates. En esta entrada al blog presento diez preguntas (e intento breves respuestas) que cubren diversos aspectos vinculados a este premio. Cabe aclarar que el propósito de este artículo es solamente dejar las preguntas abiertas para mayor discusión. Las preguntas son complicadas y las respuestas ensayadas aquí muy breves. Sin embargo, pretenden no ser ingenuas y plantear complejidades. En cualquier caso, y como decía Bertrand Russell, es saludable de vez en cuando poner un signo de interrogación a las cosas que se han dado por sentado durante mucho tiempo.

¿Qué es el Premio Nobel en Economía? 

Lo primero es comenzar por aclarar que estrictamente no es un Premio Nobel, no fue uno de los Premios que Alfred Nobel creó. El nombre correcto es Premio del Banco Central de Suecia en Ciencias Económicas en la Memoria de Alfred Nobel. Este premio está financiado por el propio Banco Central de Suecia, aunque la fundación Nobel acepta poner el premio Nobel en Economía en la página web con los otros Nobel, y hace la publicidad de los ganadores de la misma forma que los otros laureados o laureadas e incluso promociona el premio como si fuera uno de los de la Fundación. ¿Por qué el Banco Central Sueco hizo eso? No hay una versión oficial y hay diferentes visiones. Por ejemplo, el profesor e historiador del pensamiento económico Philip Mirowski plantea que el asunto es que en los años sesenta el Banco Central de Suecia estaba intentando generar su independencia del gobierno sueco. En ese marco, pensaron que tener un premio que fuera “puramente científico” en vez de “político” y celebrar la economía como una ciencia podía ser una buena manera de fortalecer el Banco y su independencia. 

¿Es la economía una Ciencia?

El concepto de ciencia es un concepto difícil y en debate, refiere a varias cosas y tiene implicaciones sociales importantes, tales como juicios de valor asociados a las personas que hacen ciencia. Existen diferentes formas de saberes en la sociedad, y estos cuerpos de saberes se organizan con diferentes reglas. Las reglas de la ciencia, en mi opinión, son la búsqueda y la aplicación del conocimiento sobre aspectos de la naturaleza y la sociedad siguiendo una metodología sistemática y racional y basada en la evidencia. Alguna gente piensa que la economía no es una ciencia en parte porque algunas preguntas fundamentales siguen sin poder responderse. Raj Chetty, profesor de economía y para muchos un probable futuro ganador del Premio Nobel, plantea que en este sentido la economía no es muy diferente a otras disciplinas. El principal problema de los economistas para hacer ciencia es nuestra capacidad limitada de hacer experimentos. Si siempre pudiéramos hacer experimentos para testear cómo las personas y las organizaciones se comportan frente a los cambios que queremos estudiar, entonces podríamos crear la evidencia para testear nuestras ideas y así cumplir siempre con el proceso de la ciencia. Sin embargo, no podemos siempre hacer eso porque a veces es muy difícil o imposible y otras veces no es ético hacer experimentos. Por ejemplo, no queremos hacer cerrar una empresa para saber qué efecto tiene la menor competencia en el mercado o crear una crisis bancaria para entender cómo funcionan. Sin embargo, los y las economistas hemos apostado a desarrollar herramientas para poder avanzar en nuestras teorías y basarlas en evidencia, utilizando desde experimentos en situaciones reales cuando es posible, o experimentos en los laboratorios, hasta técnicas econométricas y/o estadísticas con datos observacionales.

¿Ciencia económica o simplemente política?

La carga política e ideológica de algunos debates obviamente complica más las cosas. Sin embargo, algunas preguntas económicas que claramente tienen implicaciones políticas e ideológicas también pueden ser respondidas apelando al proceso científico (el debate racional basado en evidencia). Un ejemplo es el grado de riesgo moral que está implícito en darle seguro de desempleo a la gente desocupada. Una mayor cobertura de seguro de desempleo podría hacer que esta gente tuviera menos incentivos a buscar empleo. Sin embargo, este debate puede ser dado con evidencia y no en base a las visiones ideológicas y políticas de cómo se comportan los individuos. La evidencia reciente para Estados Unidos señala que este riesgo moral es bajo. De esta forma, el enfoque científico para responder esta pregunta no se basa en la ideología o la política, sino en utilizar la investigación sistemática para entender cuánto cambia el comportamiento de las personas cuando reciben seguro de desempleo, en relación con cómo se comportarían si no lo recibieran. Sin ser ingenuos, las preferencias políticas e ideológicas son legítimas y van a guiar las políticas que realicen los países. El espacio para la ciencia económica parece ser el poder determinar creíblemente el tamaño del riesgo moral en el seguro de desempleo, y no en decirle a la sociedad qué preferencias son las correctas. 

¿Qué son los remates y cómo funcionan?

Muchos mercados determinan sus precios y quién se lleva el bien en base a un remate. Los remates se usan en muchas cosas y todos los días. Por ejemplo, se rematan casas, obras de arte, se licitan las compras públicas y se rematan las frecuencias radioeléctricas utilizadas por ejemplo para la conexión a internet. También, y aunque es menos conocido quizás, se remata la publicidad que aparece en las búsquedas de Google. El resultado de un remate o subasta depende de tres factores. El primero son las reglas del juego del remate. Algunos aspectos en este sentido son determinar quién puede participar, cuántas veces se puede pujar en la subasta, y cuál es el precio que paga el ganador. El segundo factor tiene que ver con el objeto que se subasta: ¿tiene un valor común para todos los que participan de la subasta o tiene solamente un valor privado? Por ejemplo, supongamos que se subasta una casa; cuánto voy a estar dispuesto a pujar depende del valor privado que le doy a la casa (cuánto valoro la locación o cuánto me gusta la disposición de las piezas) y cuánto estimo que es el valor común (por ejemplo, a cuánto voy a poder venderla en el futuro). El tercer punto tiene que ver con la incertidumbre. ¿Qué información tienen quienes pujan sobre el valor del objeto? ¿Todos los agentes que participan tienen la misma información?

¿Cómo diseñar un remate cuando hay valor común?

Vickrey ganó el Nobel en 1996 por sus avances en la teoría de remates cuando los bienes tienen solo valores privados. Sin embargo, mayoritariamente los objetos en un remate tienen valores privados y comunes, o sea que parte del valor del objeto es igual para todos los participantes.Esto es importante, porque los compradores tienen en general diferente información, y por lo tanto pueden no tener las mismas expectativas o percepción sobre cuál es el valor común del objeto. Wilson y Milgrom fueron los que ayudaron a entender la teoría de remates cuando existe un mix de valores privados y públicos. Wilson analizó los remates fundamentalmente solo con valores comunes, y Milgrom fundamentalmente cuando existe un mix entre valores públicos y privados. Por ejemplo, Milgrom mostró que es mejor en este caso hacer un remate que comienza por un precio bajo y lo va subiendo con las pujas (conocido como remate inglés) a uno donde se comienza por un valor alto y se va bajando hasta que aparece una persona dispuesta a comprar (conocido como remate holandés). La intuición es que cuando comenzamos con el precio bajo, se revela más información porque aprendemos del valor común que le dan los otros participantes del remate. Una de las intuiciones generales de los ganadores del Nobel es que para que un remate con valores comunes funcione bien, queremos que los agentes tengan la menor incertidumbre sobre el valor común. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el vendedor para diseñar bien el remate es dar la mayor información sobre el objeto. Este es un principio muy potente y una guía para la acción. Este principio lo vemos en la práctica, por ejemplo, cuando el vendedor contrata a un grupo de expertos para auditar el objeto o proveer información sobre su valor.

¿Cómo pasar de la teoría a la práctica?

Los autores premiados también trabajaron directamente con varios gobiernos para mejorar los mecanismos que rigen en la práctica. Un ejemplo de alto impacto es que los receptores del Premio Nobel ayudaron a resolver, en parte, el problema del lobby de las empresas en la asignación de las ondas radioeléctricas en Estados Unidos. Hasta 1993, las ondas de radio se asignaban en ese país siguiendo una lógica de asignación donde la autoridad "evaluaba" a las empresas y decía cuál era la mejor (este procedimiento era llamado "concurso de belleza"). En este marco, las empresas destinan muchísimo dinero en hacer lobby para mejorar sus chances. Por otro lado, los ingresos que generaba el Estado por la venta de las ondas radioeléctricas eran muy escasos. En los noventa, con la expansión del mercado de telefonía móvil, el regulador del mercado, la FCC (Federal Communications Commission) entendió que los "concursos de belleza" no podían funcionar más. Se intentó implementar la asignación por medio del sorteo de las licencias, pero el resultado tampoco fue el esperado. Los sorteos recaudaban poco y no aseguraban que la empresa que se quedaba con la licencia fuera la que másla valoraba. Esto generaba un mercado secundario de licencias, donde los operadores que habían ganado se quedaban con parte de la recaudación que podría haber obtenido el gobierno (el mercado de licencias tenía un valor de varios miles de millones de dólares). Finalmente, en 1994 el regulador decidió adjudicar las frecuencias en base a remates diseñados por Milgrom y Wilson, donde uno de los desafíos era que se remataban simultáneamente las ondas de radiofrecuencias en varios mercados geográficos. Milgrom y Wilson propusieron un mecanismo cuyo resultado fue una asignación más eficiente de las ondas y una recaudación dramáticamente más alta por parte del gobierno.

¿La economía como ingeniería?

Uno de los desarrollos importantes de la economía en los últimos tiempos ha sido la creación del subcampo del diseño de mercados. Este subcampo utiliza las herramientas de la teoría económica, la economía computacional y la economía experimental para encontrar soluciones a problemas de asignación que se enfrentan cotidianamente. Problemas típicos abordados en este campo son los remates, la asignación de estudiantes a centros educativos, la asignación de órganos para trasplantes y otros. Wilson es quizás el padre de esta visión de la economía como ingeniería y diseño de mercados. Yendo más allá de visiones sobre-simplificadas sobre que los mercados funcionan siempre bien o siempre mal, la economía nos enseña que los funcionamientos de los mercados dependen de múltiples factores que deben estudiarse caso a caso. Así, más allá de los debates filosóficos o políticos, la economía como ciencia y las teorías y evidencia que construye sirven para resolver algunos problemas concretos que enfrentamos día a día. La influencia de Wilson en este sentido es tan grande que no en vano muchos de los principales actores en este subcampo han sido sus estudiantes en Stanford (como el mismo Paul Milgrom, Alvin Roth o Susan Athey, los dos primeros ya receptores del Nobel y la tercera una potencial ganadora en el futuro).

¿Cómo se gana un Nobel en Economía?

Típicamente los Premios Nobel en las otras disciplinas ganan por un descubrimiento grande. Este año, por ejemplo, se dieron Premios Nobel por el descubrimiento de la hepatitis C, por contribuir a la comprensión de los agujeros negros o por una técnica para editar el genoma humano. Típicamente, cuando se intenta explicar cómo se gana un Nobel en Economía la gente usa la idea del filósofo Isaiah Berlin, que distinguía a la gente que hacía ciencia entre “Zorros” y “Erizos”[1]. Según parece un poeta griego decía que los zorros saben muchas cosas y los erizos una, pero muy grande. Más allá de la verdad que contenga el poema, la idea es que alguna gente gana el premio Nobel por una idea grande e importante (los Erizos) y otra gente gana por muchas ideas todas ellas importantes, pero ninguna muy grande por sí misma. Por ejemplo, Krugman ganó el Premio Nobel fundamentalmente por cambiar la forma en la que pensamos el comercio internacional con un nuevo modelo. Mientras que Jean Tirole, lo ganó por hacer muchas contribuciones a la forma en la que pensamos la competencia y regulación en los mercados. De hecho, da la sensación cuando uno mira los últimos premios que el Banco Central de Suecia estaba apostando más por los zorros que por los erizos. Sin embargo, el otro punto central que explica cómo se dan los Nobel en economía es la reputación del Banco Central de Suecia. El Banco Central de Suecia es muy celoso de su reputación, por lo que siempre está atento a cómo la opinión pública va a tomar la premiación, y cómo los premiados a su vez van a responder. Por ejemplo, se dice que antes de darle el Nobel a John Nash en 1994, por inventar el concepto de equilibrio estratégico en teoría de juegos que usamos en economía, el comité estaba preocupado por los impactos que podría tener esto en su reputación debido a los problemas de salud mental que tenía Nash.

¿Quiénes pueden ganar un Nobel en Economía?

Muchos y muchas economistas creemos que la economía como disciplina tiene un problema de diversidad y representatividad. El Premio Nobel en Economía ha tenido estos mismos problemas. Por ejemplo, de los 86 ganadores de Premios Nobel en Economía hasta el momento, solo 2 son mujeres. En parte esto puede reflejar la tremenda inequidad de género en la profesión. Por poner un ejemplo, la Profesora Claudia Goldin fue la primera mujer que obtuvo una posición permanente en el Departamento de Economía de la Universidad de Harvard, y esto fue recién en 1990. Más aun, la composición de género en este departamento no cambió significativamente hasta recién hace algunos años, cuando más mujeres fueron ascendidas a una posición permanente. En los últimos años, la economía como disciplina ha realizado avances importantes respecto a estos temas. La cantidad de mujeres con posiciones permanentes en los departamentos de economía, las discusiones sobre cómo tomar en cuenta las actividades relacionadas a la maternidad y paternidad, y los propios resultados de las elecciones de las autoridades de la Asociación de Economistas de Estados Unidos son reflejos de este progreso. En ese sentido, es esperable que en el futuro los premios Nobel también reflejen, y ojalá impulsen, estos cambios.

¿Para qué sirve el Premio Nobel?

Es posible pensar que un Premio Nobel tiene al menos dos objetivos. Por un lado, motiva a los investigadores a seguir haciendo esfuerzo. Generalmente los investigadores e investigadoras que son realmente destacados en sus carreras y por lo tanto son candidatos al Nobel, ya llevan muchos años haciendo su trabajo y en general tienen cargos de por vida en universidades destacadas con sueldos elevados. A esa altura, podrían perder la motivación por seguir haciendo aportes. En este sentido, la posibilidad de ganar un premio y el reconocimiento que conlleva, puede ser un incentivo para seguir trabajando muy duro. Sin embargo, el valor fundamental de un Premio Nobel probablemente sea el de inspirar a la sociedad y las políticas públicas a discutir algunos temas centrales en economía. El Premio Nobel entregado a gente que ha incorporado algunas ideas al cuerpo principal de la ciencia económica hace que las mismas tengan más fuerza para cambiar la realidad y mejorar no sólo a la ciencia económica sino también la calidad de vida de las personas. Cada año hay muchos y muchas candidatas excelentes para el Premio Nobel. En este sentido, es importante que, manteniendo el nivel de excelencia necesario, el comité de los Premios Nobel también dé señales para contribuir a hacer a la economía una ciencia más diversa y abierta, y una herramienta aun más potente para mejorar nuestras sociedades.

 

** Imagen extraída de https://www.nature.com/articles/s41599-019-0256-3/figures/1


[1]La discusión sobre zorros y erizos estuvo presente en el artículo de Agustín Reyes en esta página y en el 11° Encuentro del Departamento de Economía.

23/10/2020: Los desafíos de 182 territorios del continente en ocho dimensiones del desarrollo

--Adrián Rodríguez Miranda

Desde el pasado 14 de octubre de 2020 en el sitio web www.iderelatam.com se pueden ver los resultados del Índice de Desarrollo Regional para Latinoamérica (IDERE LATAM), una ambiciosa propuesta para medir el desarrollo a nivel territorial subnacional de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, El Salvador, México, Paraguay y Uruguay (regiones, provincias, estados y departamentos, según el caso), a las que de manera genérica se les llama "regiones". El estudio alcanza a 182 regiones, lo que representa el 82% de la población Latinoamericana. En el referido sitio web se puede ver el desempeño de las diferentes regiones en gráficas y mapas, además de estar disponible un documento descargable que analiza toda la información.

La iniciativa nace de la articulación y trabajo conjunto de ocho universidades y centros de estudio de América Latina, liderados por el Instituto Chileno de Estudios Municipales (ICHEM) de la Universidad Autónoma de Chile y el Instituto de Economía (IECON) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República del Uruguay. Las instituciones que también son parte de este proyecto latinoamericano son: la Fundación Getulio Vargas (Brasil), la Universidad de Los Andes (Colombia), la Universidad de Guadalajara (México), la Universidad Tecnológica Nacional (Argentina), el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Paraguay) y la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (El Salvador). A su vez, se cuenta con el apoyo de la Red Iberoamericana de Estudios de Desarrollo (RIED).

El IDERE LATAM es una herramienta que permite analizar trayectorias y asimetrías territoriales en ocho dimensiones que consideran 25 variables, reflejando aspectos críticos para el desarrollo de las personas: Educación, Salud, Bienestar y Cohesión, Actividad Económica, Instituciones, Seguridad, Medio Ambiente y Género. Su construcción permite una lectura sencilla, ya que cada una de las variables, y por lo tanto la agregación de las mismas, están normalizadas entre 0 y 1, siendo 1 el máximo nivel posible de desarrollo. La referencia para los niveles máximos es la comparación internacional, considerando para cada variable el valor del país que tiene un mejor desempeño a nivel mundial. Los mínimos refieren al peor desempeño en cada variable en América Latina. Por lo tanto, el IDERE permite la comparación interna entre regiones de un mismo país, comparar regiones de dos países diferentes y, al mismo tiempo, es una referencia absoluta respecto a cuánto alcanza una región del máximo valor teórico de desarrollo (1,00).

¿Cómo es la situación del desarrollo territorial en América Latina?

En primer lugar, se destaca que ninguna región de América Latina alcanza un desarrollo muy alto, es decir, que ninguna alcanza un IDERE de 0,7. Esto visibiliza una relevante brecha entre los máximos estándares a nivel mundial y las regiones latinoamericanas. Adicionalmente, sólo el 7% (13 regiones de 182 medidas) pertenecen al grupo de desarrollo alto, mientras que el 58% (105 regiones) están entre los niveles medio a medio bajo. A su vez, en el nivel bajo hay 7 regiones (4%) (ver Gráfico 1).

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Se observa una visible y notoria heterogeneidad en el desarrollo regional de América Latina. En términos generales, buena parte de las regiones que alojan a las capitales nacionales suelen tener los niveles más elevados de desarrollo en sus respectivos países. En todos los países, en mayor o menor medida, se observan dinámicas regionales que identifican áreas geográficas de rezago y otras de situación privilegiada. Es de destacar el caso de Brasil, donde es muy clara la brecha de desarrollo territorial entre el norte y el sur. Pero sin dudas, el país con mayores heterogeneidades territoriales es Colombia, mostrando las brechas más importantes, con el extremo de Bogotá ocupando el lugar 37 en el ranking LATAM, con un nivel medio alto de desarrollo, y Vichada ocupando el último lugar (182), con un nivel bajo de desarrollo.

 

El Gráfico 2 muestra el rango de desarrollo en el que se encuentran las regiones de los diferentes países, reportando el valor máximo, mínimo y promedio, con la referencia del promedio LATAM (línea punteada). En primer lugar, se destaca que en el nivel de desarrollo alto predominan las regiones de Chile y Uruguay (6 de cada país), además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) de Argentina. En segundo lugar, el rango medio alto es en el único en el que conviven regiones de todos los países medidos. Aquí las mayores prevalencias son, en orden, de Argentina, Uruguay y Chile. Por otra parte, en el nivel medio hay una fuerte presencia de regiones de México, Colombia y Brasil, mientras que ya no se observa presencia de regiones chilenas ni uruguayas. Por otra parte, en la zona media baja, México y Colombia mantienen una alta prevalencia, además de regiones de Paraguay y El Salvador. Finalmente, en el nivel bajo de desarrollo (un IDERE menor que 0,3) hay regiones de Colombia, El Salvador y Paraguay. 

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¿Qué desafíos tenemos en Uruguay?

 

Montevideo es la primera región del ranking IDERE LATAM y, junto con Maldonado, Canelones y Río Negro, están entre las primeras 10 regiones del ranking. El departamento peor situado en el ranking LATAM es Durazno en el lugar 58 (entre 182). De todas formas, se ubica por encima de la media LATAM. Estos buenos resultados generales en el IDERE LATAM se ven desafiados por los resultados no tan halagadores en algunas dimensiones. Por ejemplo, en la dimensión educación (donde la mejor región LATAM es la CABA), Montevideo (que es la primera región en el IDERE global) baja al lugar 23 en el ranking, seguida por Salto en el lugar 44, mientras que San José muestra el valor más bajo ocupando el lugar 104 (en 182). En educación se recoge matriculación en edad inicial y alfabetismo, donde los departamentos de Uruguay están muy bien, pero también años promedio de educación y porcentaje de personas con formación terciaria, y en estos aspectos hay departamentos con importantes desafíos, si queremos apuntar a una economía y sociedad del conocimiento. Esto refuerza la necesidad de continuar la estrategia de descentralización universitaria, la creación de polos de conocimiento en el interior y abordar los desafíos de la educación media, en este caso en todo el país.

 

Otro desafío se encuentra en la dimensión salud, donde el desempeño muy bueno en variables como mortalidad infantil o esperanza de vida, se ve opacado por una situación crítica de varios departamentos, y el país en su conjunto, respecto a las altas tasas de suicidios. En el desarrollo productivo y su agenda territorial hay también brechas a reducir. Montevideo es el único departamento de Uruguay que alcanza el nivel alto en la dimensión actividad económica del IDERE LATAM (valor de 0,62 y puesto n°8 en el ranking LATAM). Además de Montevideo, solo Maldonado y Colonia tienen valores superiores a la media LATAM, pero ocupan el lugar 87 y 91 en el ranking. Esto supone la necesidad de seguir promoviendo el desarrollo productivo, de la mano de la mejora del capital humano y las capacidades de generar conocimiento, no solo en Montevideo.

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La dimensión bienestar y cohesión (que mide ingresos de los hogares, pobreza, desigualdad, informalidad y acceso a internet) muestra un muy buen desempeño de los departamentos uruguayos. Ocho departamentos están entre las 10 regiones de mayor bienestar y cohesión en el ranking LATAM (Montevideo, San José, Colonia, Maldonado, Flores, Canelones, Lavalleja y Florida), presentando, además, valores muy altos del indicador (mayor a 0,7). Sin embargo, Cerro Largo, Rivera y Artigas sólo alcanzan un nivel medio en la dimensión bienestar y cohesión, que no alcanza el valor de 0,6. Esto no los posiciona mal en el ranking LATAM dado que es un continente caracterizado por la fuerte desigualdad, lo que se refleja en una media LATAM de la dimensión que apenas es de 0,39.

Otra dimensión en la que los departamentos de Uruguay se destacan es la dimensión instituciones. Sin duda esta es una gran fortaleza país que está presente en todos sus territorios, sobre todo en comparación con las regiones de los otros países LATAM.

No hay espacio para entrar en mayores detalles, sin embargo, es necesario realizar algún comentario de dos dimensiones que son novedosas para un indicador sintético, ya que en general se consideran en forma separada, pero no integradas junto a las dimensiones que son tradicionalmente medidas. Me refiero a medio ambiente y género. Al respecto, cabe señalar que uno de los mayores desafíos en la dimensión ambiental que destaca el IDERE refiere a los problemas de contaminación de las cuencas hidrográficas, lo que afecta a la mayoría de los departamentos, mostrando un mal desempeño. En cuanto a la dimensión género, Montevideo ocupa el tercer lugar en el contexto LATAM, sin embargo, no alcanza a tener nivel alto (valor inferior a 0,6), ya que este es un aspecto del desarrollo en el que el continente entero tiene grandes desafíos. A su vez, Cerro Largo, Treinta y Tres y Tacuarembó presentan valores de la dimensión género por debajo del promedio LATAM.

En definitiva, el IDERE LATAM confirma los resultados de anteriores estudios sobre el desarrollo local en Uruguay. Los departamentos en nivel de desarrollo alto (IDERE mayor que 0,6) son liderados por Montevideo y se ubican en el sur del país, además de Río Negro (son: Montevideo, Maldonado, Canelones, Rio Negro, Colonia y Flores). Los departamentos de menor nivel de desarrollo se encuentran en el norte y noreste del país (Artigas, Rivera y Salto) y en el centro este (Durazno, Cerro Largo). Los resultados del IDERE LATAM están en sintonía con las posiciones que ocupa el país en otros rankings internacionales y en América Latina. Los departamentos uruguayos se ubican en valores del IDERE global entre 0,53 y 0,69, lo que los sitúa en bloque en la parte alta del ranking. En efecto, se ubican entre las 60 regiones más desarrolladas de América Latina (los ocho países estudiados), junto con las regiones chilenas, algunas provincias argentinas y algunos estados de Brasil, además de Bogotá (Colombia) y Asunción y Departamento Central de Paraguay.

 

Reflexión final y agenda

Cabe recordar que el IDERE no pretende ser una medida inequívoca del desarrollo, fenómeno complejo que debe siempre entenderse dentro de un contexto (nacional y territorial en múltiples dimensiones), que debe ser utilizado para extraer conclusiones correctas de lo que el IDERE señala. Con esta salvedad, el objetivo es crear agenda en tres frentes. Primero, ayudar a visibilizar las profundas y multidimensionales desigualdades territoriales en América Latina, las que recientemente reciben mayor atención desde la academia y la política pública y, por lo tanto, requieren de mejor medición. Segundo, aportar datos para el debate público y el diseño de políticas públicas para promover el desarrollo humano y sostenible en todas las regiones. Por último, generar nueva información que sea útil para futuros estudios e investigaciones.

Estas agendas serán muy relevantes en un contexto donde los efectos del COVID-19 perdurarán luego de eliminado el riesgo sanitario, a través de los problemas sociales y económicos generados. Esta medida del IDERE LATAM es un piso base antes del COVID-19 que seguramente sea muy útil para contrastar pos pandemia en uno o dos años más. Mientras tanto, el IDERE LATAM señala varios puntos críticos a nivel del continente pero, sobre todo, diferenciando las agendas, prioridades y necesidades urgentes a nivel de cada territorio en cada país. Estas agendas territoriales ya eran muy relevantes; ahora, con el agravante del COVID-19 en la ecuación, los desafíos se vuelven más urgentes y la necesidad de acción más imperiosa.

 

Dimensiones y variables que integran el IDERE LATAM

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Mapa IDERE LATAM – resultados globales

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